La reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra permitió que el presidente del Gobierno trasladara al jefe del Ejecutivo catalán las iniciativas que forman parte de la llamada Agenda para el reencuentro. Desde el punto de vista económico, resulta especialmente llamativo el propósito de "estudiar" posibles vías hacia la "autonomía financiera y tributaria" de Cataluña.
Se trata de una formulación tan genérica que en ella podría caber incluso una de las reivindicaciones más tradicionales, y sin duda polémicas, del soberanismo. Se trata de implantar en Cataluña la actual fórmula del concierto económico vasco y el cupo que lo complementa. Este protocolo permitiría a la Generalitat la gestión y recaudación de impuestos en su territorio. En paralelo, acuerda el pago de una cantidad (el cupo) a la Administración central por las cargas que asume el Estado en lugar de la comunidad autónoma. El objetivo del independentismo es claro: equiparar la financiación por habitante catalana a la propia del País Vasco (y Navarra). El problema estriba en que esa igualación se haría entre territorios con un peso económico totalmente dispar, ya que Cataluña supone el 20% del PIB español frente al 8% propio de Euskadi.
El concierto económico del País Vasco no es aplicable en una autonomías que supone el 20% del PIB nacional
Los cálculos más recientes estiman que el cupo catalán exigiría una financiación adicional para Cataluña de 16.000 millones que deberían restarse de los recursos que ahora reciben las demás autonomías del régimen fiscal común. Éstas verían mermada su financiación en un 12%, mientras el conjunto del PIB nacional perdería cinco puntos de avance. Se plantea así una situación simplemente insostenible. Urge, por tanto, que el Gobierno aclare cuáles son sus líneas rojas en la negociación fiscal que está dispuesto a abrir con la Generalitat.
