Como ya venía anunciando elEconomista, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado imponiendo dos décimas de déficit a las Comunidades Autónomas, una décima más de la última senda que envió en octubre a la Comisión Europea, y dos más de lo que oficialmente quedó establecido con el único acuerdo plurianual que existe, el que pactó Mariano Rajoy en Bruselas con los Presupuestos Generales de 2018.
Pasadas las ocho de la tarde, 11 comunidades gobernadas por el PSOE votaban a favor, y seis, gobernadas por el PPvotaban en contra de la senda fiscal.
Antes, y en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este viernes, la ministra de HAcienda, María Jesús Montero, abordaba ante los consejeros del ramo la devolución del IVA de diciembre de 2017, que se convirtió en el centro de atención. Para acallar las protestas de los barones socialistas –por cierto algo más calmados que días atrás y conformes con que se les pague a plazos, como Castilla-La Mancha?, Montero anunció que no pagará el consabido IVA, pero que, en su defecto, no tendrá en cuenta este importe en el desvío del déficit de las CCAA de 2019.
El paliativo de Montero al IVA
El Ministerio de Hacienda ha comunicado este viernes a las comunidades autónomas la nueva senda de estabilidad para los próximos años, por la que establece un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.
Después de señalar que ella es "una roca", que no devolvería el IVA de 2017, y como mucho daría un "paliativo", la ministra se ha comprometido a no tener en cuenta la parte imputable al IVA que las comunidades autónomas dejaron de percibir por el cambio normativo de 2017 cuando analice si las regiones cumplieron con el objetivo de déficit de 2019
De esta forma, si una comunidad cumple con el objetivo de déficit tras descontar el efecto del IVA, no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Asimismo, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que podrán compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados. En cuanto al objetivo de déficit de 2020, Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas flexibilizarlo en dos décimas, pasando del objetivo de equilibrio presupuestario actual a un déficit del 0,2%.
A las dos horas y media de la reunión del Consejo, la deuda del IVA de 2017 seguía en la mesa, con algunos cambios sustanciales. Algunas autonomías que socialistas dispuestas a acudir a la vía judicial, valoraban la proposición de Montero de relajar el déficit, en contra del austericidio de Rajoy, repetían los barones del PSOE.
En el lado opuesto, las CCAA del PP se unían en bloque para pedir el importe que se les debe por el IVA de diciembre de 2017, y discutían la medida de no tener en cuenta esta cantidad en el déficit de 2019.
Una medida trampa
Los expertos consultados subrayan la inconsistencia del anuncio de Montero. Por un lado, remarcan que esa medida no es válida para CCAA que no tuvieron en cuenta el IVA de 2017 y no lo incluyeron en sus presupuestos –luego, ni tienen ese déficit, pero tampoco dinero–. Observan por otro lado que, a las regiones a las que se les descuenta ese déficit del IVA, lo único que se les hace es cambiar déficit por deuda. Destacan que, por otra parte, tampoco lo puede hacer de otra manera, porque, si no se produce transferencia de fondos, esta es un pasivo para el Estado y un activo para las CCAA, así pues, no computa en déficit.
Desde el verano de 2018
Esta es la nueva senda presupuestaria para las comunidades autónomas que este mismo viernes por la tarde la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha comunicado a los consejeros de Economía y Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Con ellos no se reúne desde el verano de 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
