Barcelona/Bilbao/Valencia/Valladolid/Sevilla/Cáceres/Santiago de Compostela
Europa hace años que, por el momento en vano, mantiene la ambición de que el sector industrial alcance el 20% de su PIB. La crisis los precios de la electricidad no ha hecho más que mermar la competitividad de un sector que ya sufría por la competitividad asiática y una mayor presión de los costes medioambientales. El caso español no es diferente. Estancado desde hace años en aproximadamente el 16% del peso económico, los cierres de instalaciones se han repetido en los últimos años. Ahora, no obstante, al calor de los fondos Next Generation y la transformación energética, una oleada de inversión internacional llega a la Península para, al menos, mitigar y quién sabe si llegar a compensar la tendencia decreciente con más de 30.000 millones de euros.
El anuncio hecho por Pedro Sánchez esta misma semana de que Envision construirá una nueva planta de electrolizadores con una aportación de 1.000 millones de euros es el último capítulo de un serial de inversiones; muchas todavía por confirmar, es cierto; que se han producido tras la pandemia. Aunque el capital chino es uno de los principales motores de la transformación, el paquete de inversiones tiene un nombre propio: Volkswagen y los 10.000 millones previstos para electrificar sus plantas de Martorell (Barcelona) y Navarra así como para erigir una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia).
Con el objetivo de producir sus primeros vehículos de cero emisiones en España, el conglomerado alemán anunció en primavera de 2022 su mayor inversión en el país. De sus fábricas en Cataluña y Navarra comenzarán a salir coches limpios en 2026 gracias al denominado plan Future Fast Forward. Entre los proveedores -que aportarán 3.000 millones de esos 10.000 millones- se encuentran Gestamp, Valeo, Gonvarri o Celsa.
El proyecto incluyó también la fábrica de baterías en Sagunto, a la que se destinarán 3.000 millones. Las obras de la primera fase ya han arrancado en el municipio valenciano. Pese a los baches del coche eléctrico, el grupo alemán mantiene sus planes para empezar a operar en el año 2026 y posteriormente abastecer a hasta 500.000 vehículos que montarán las plantas de Martorell y Pamplona. El proyecto es el auténtico emblema industrial en la Comunidad Valenciana, ya que prevé crear 3.000 empleos.
Siendo el octavo productor mundial de coches, no es de extrañar que la industria del automóvil ocupe gran parte de las inversiones a realizar. A pesar del escaso éxito del vehículo eléctrico en el país, algo de lo que ya advirtió Wayne Griffiths, presidente de Seat y expresidente de la patronal Anfac, y que terminó por llevarle a dejarle el cargo de la asociación de fabricantes.
De este modo, Stellantis tiene en fase de estudio una inversión de hasta 4.000 millones para erigir su propia factoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza). Así lo cifró el presidente aragonés, Jorge Azcón, este mes de julio. Para este proyecto, el gigante automovilístico ha recibido 55 millones de euros de fondos europeos. La obra, eso sí, todavía no está confirmada, aunque el grupo es la única firma automovilística que produce coches eléctricos a gran escala, a día de hoy.
También Mercedes Benz despliega en Vitoria su plan de ampliación y transformación de instalaciones para la fabricación del vehículo eléctrico a partir de 2026, con lo que se convierte en una fábrica estratégica para la multinacional alemana siete décadas después de su llegada a Euskadi. Una iniciativa que supondrá una inversión superior a 1.000 millones y que traccionará a todo el ecosistema de proveedores de automoción español. La planta vasca tiene una plantilla de 5.000 personas y genera un empleo indirecto de 30.000 trabajadores, enmarcados en una cadena de proveedores de 800 empresas en todo España, unas 400 en Euskadi. La fábrica de la multinacional alemana supone el 5,2% del PIB de Euskadi y representa el 14,2% de sus exportaciones.
Otra inversión pendiente de firma es la construcción de una fábrica de autobuses y furgonetas eléctricos en Valladolid de la mano de la angloindia Switch Mobility, que ha retrasado su puesta en marcha hasta 2026 ante la "incertidumbre en el mercado de la electrificación". El proyecto cuenta con una inversión de 100 millones de euros y la creación de 2.000 empleos.
La última en llegar a España ha sido la china Chery, que se alió con la catalana Ebro para quedarse con la antigua instalación de Nissan en la Zona Franca de Barcelona con una inversión prevista de 400 millones de euros. A pesar de la celebración de un acto en el que estuvieron presentes tanto Pedro Sánchez como Pere Aragonès, entonces president de la Generalitat, la marca asiática ha retrasado un año la producción de su vehículo Omoda 5 por los aranceles a la importación de coches chinos. El inicio de la actividad será con los modelos propios de la enseña Ebro.
El capital chino llega a España
El caso de Chery es solo uno de los ejemplos de capital chino invirtiendo en España. Sánchez se ha reunido con su homólogo Xi Jinping en 2022, 2023 y 2024 y con estos encuentros se han soldado inversiones en la cadena de componentes de la transición energética, como pueden ser baterías, electrolizadores y chips.
El caso de Envision y los 1.000 millones en la planta de electrolizadores con ubicación todavía por determinar es solo el último. De hecho, la misma compañía anunció a comienzos de año un proyecto que comportará el gasto de otros 2.500 millones de euros en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para erigir una gigafactoría de baterías de litio.
El plan del grupo chino se basa en el desarrollo y la fabricación de baterías desde una planta de cero emisiones, integrada en diferentes plataformas eléctricas, incluyendo un sistema de baterías extraíbles y adaptadas para otros modelos de movilidad innovadores. Se instalará en la parcela I-67Exponavalmoral, el Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura, con una superficie de 1.088.399 metros cuadrados.
Pero no solo Envision promueve inversiones en el país. Este mismo mes de septiembre, durante el viaje del presidente andaluz Juanma Moreno a China, Hygreen anunció una inversión de 2.000 millones de euros para la construcción de una fábrica de electrolizadores para hidrógeno verde en Málaga y otro centro de producción vinculado a esta energía en Huelva, además de un programa de I+D+i también en Hidrógeno Verde en Sevilla, para lo que se han firmado acuerdos con Coxabengoa.
Además Coxabengoa hizo pública una alianza con la china Gotion, participada por VolksWagen, para la producción de baterías en Sevilla, con una inversión prevista de 250 millones.
En el mismo viaje las automovilísticas chinas Desay, Coronet y HRC ratificaron sus intenciones de inversión en Linares (Jaén) en terrenos del Parque Industrial Santana. Las inversiones entre las tres podrían rondar los 120 millones de euros. Y Semartec, también en el contexto de la gira china de Juanma Moreno, anunció inversión de 60 millones en su primera fábrica de baterías de litio fuera de su país.
La llegada del capital chino no es casual. España hace años que se esfuerza en captar inversión del gigante asiático. En el primer semestre de 2024, China era el quinto socio comercial del país, según datos de la Fundación Consejo España China. La misma entidad señala que, en 2022, la posición inversora de China en España -antes de los últimos anuncios- sumó 11.347 millones de euros.
Pero la inversión asiática no procede solo de China. La surcoreana Lotte Energy, por ejemplo, ha escogido Tarragona para desarrollar un proyecto de producción de elecfoil, láminas de cobre utilizadas para la fabricación de baterías, para el que invertirá 1.200 millones.
La antigua Iljin tiene previsto construir tres plantas en la provincia; un plan que se desarrollará por fases. La primera contempla la construcción de una primera instalación por valor de casi 400 millones de euros y que entraría en funcionamiento en 2025 con una capacidad de 30.000 toneladas de elecfoil y la creación de 200 puestos de trabajo. Las otras dos plantas, que implicarían otros 400 millones cada una, están sujetas al calendario de la primera fábrica. Cada una de las nuevas infraestructuras supondría además otros 200 empleos nuevos.
Y aunque pueda parecer lo contrario, la industria de los componentes europea también jugará su papel. La principal inversión en Castilla y León llegará de la mano de la compañía eslovaca Inobat para crear una gigafactoría de baterías eléctricas en Valladolid con capacidad para alrededor de 32 gigavatios con una inversión prevista de 3.000 millones de euros e incluiría un centro de investigación y desarrollo en Salamanca sobre almacenamiento eficiente de energía.
El proyecto está pendiente de la obtención de una ayuda del140 millones de euros del tercer Perte eléctrico ya que la compañía no logró acceder a los fondos de las dos primeras convocatorias.
También en Galicia están pendiente de las autorizaciones gubernamentales los planes de la portuguesa Altri para erigir una fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo). Los dirigentes de la compañía, eso sí, han supeditado la inversión de 1.000 millones de euros a que esté acompañada de 250 millones de dinero público. La Xunta además debe tener en cuenta el rechazo al proyecto debido a la posible contaminación de la ría -hay estudios que así lo indican- plasmado en más de 23.000 alegaciones y una manifestación de 20.000 personas en el municipio celebrada en junio.
A la polémica iniciativa sí habría que sumar la planta de neumáticos de Sentury Tire en As Pontes, que contempla 750 contrataciones y un montante que supera los 530 millones, así como la planta de biofibra reciclada blanqueada de biofibras de Galicia y Ence, también en el concello pontés, que sumaría otros 40 empleos con una inversión de 125 millones. Queda por ver, además, el futuro de la fábrica de Alcoa en San Ciprián.
Menos de 200 kilómetros al este queda la acería de Arcelormittal en Gijón, que espera una inversión del gigante siderúrgico con sede en Luxemburgo desde hace dos años. La cotizada dijo tras la pandemia que tenía planes para descarbonizar la instalación asturiana y empezar a trabajar con hidrógeno verde, pero desde entonces poco o nada se ha avanzado -al menos que se haya hecho público-. En el marco de los fondos europeos Next Generation se le preconcedieron 450 millones de euros, que debían activar otros 1.000 millones de gasto privado. Gobierno y empresa negocian desde entonces a la espera de desencallar un acuerdo.
Sobre la mesa -y a la espera de definir ubicación- también están los planes de Broadcom para invertir 1.000 millones de dólares (920 millones de euros, en el momento del anuncio) en una nueva planta de semiconductores. Con sede en California, la firma estadounidense se apoyará en el Perte Chip para desarrollar sus planes, como anunció tras reunirse con Pedro Sánchez en julio de 2023. Eso sí, un año y dos meses después de la comunicación poco más ha trascendido.
A parte de inversiones en i+d como la anunciada por Astrazeneca en Barcelona, el sector farmacéutico también mantiene el pulso industrial en España. La multinacional estadounidense Edwards Lifesciences, especializada en tecnología médica, también ha elegido Valencia para instalar una de sus grandes factorías en todo el mundo. La compañía iniciará a finales de este año las obras para levantar una planta de válvulas cardíacas de última generación a la que destinará 150 millones de euros en Moncada y creará 1.200 empleos.
También el fabricante de productos farmacéuticos Faes Farma ha ampliado a 200 millones el plan de inversión en la nueva planta de Derio (Bizkaia) que duplicará su capacidad de producción.
El papel público en la transformación industrial
En esta transformación industrial, la administración ha decidido jugar también sus cartas. Más allá de los fondos Next Generation UE, son varios los proyectos impulsados directamente desde la esfera pública. Basquevolt prevé fabricar baterías para vehículos eléctricos en 2027. Requerirá de 700 millones de inversión y creará 800 empleos a pleno rendimiento. Basquevolt, iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno Vasco, prevé poner en marcha una línea de producción de 1 GWh de celdas de litio sólido para baterías de vehículos eléctricos a finales de 2025 y fabricar baterías en serie en 2027.
En Cataluña, la Generalitat impulsa un proyecto de 300 millones de euros para una planta de chips en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) apoyándose en el Perte de microelectrónica y semiconductores. El Govern pilotará el centro, en el que colabora Barcelona Global, entidad que ha ayudado a impulsarlo junto al Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Sincrotron Alba, Institut de Microelectrònica de Barcelona, Institut de Ciències Fotòniques y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Más allá de los mencionados, existen decenas de fábricas en marcha que movilizan otras decenas de millones de euros y que elevan el montante por encima de los 30.000 millones de euros.