La negociación para la fusión de CaixaBank y Bankia está cerrada, después de que se haya sellado un acuerdo para el reparto de poderes y la ecuación de canje tras la reunión del martes de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el presidente de La Caixa, Isidro Fainé. Mientras tanto, los equipos perfilan los detalles de la operación, entre ellos el volumen de los ajustes y su coste y las dotaciones para impagos ante el esperado incremento de la morosidad, que será sometido a aprobación de los consejos de administración este jueves.
La entidad resultante de la integración necesitará dotar al menos 6.300 millones para afrontar la morosidad en el escenario central, pero la cifra sube a los 18.000 millones en el caso de que las insolvencias alcancen las previsiones de algunos analistas, que apuntan a una tasa del 12% de media en el sector. No es necesario que toda esta cantidad de dinero se dote en un principio, pero está previsto que se utilice una parte del badwill que generará la unión (más de 7.000 millones) para reforzar la hucha contra posibles pérdidas crediticias. El badwill es la diferencia entre el valor en libros y el precio de la operación. El resto de este efecto contable se destinará, entre otras cosas, al plan de ajustes de personal (unos 8.000 trabajadores), que se llevará cerca de 3.000 millones.
CaixaBank y Bankia tenían provisionados un total de 9.300 millones a cierre de junio, tras haber aumentado este colchón con una partida extra de 1.155 millones y 310 millones, respectivamente, para afrontar las consecuencias del coronavirus. Con esta hucha la cobertura sobre préstamos dudosos se sitúa casi en el 60%, un nivel requerido por el mercado y las autoridades, aunque en el caso de Bankia el porcentaje se sitúa por debajo, el 55,6% y en CaixaBank, en el 63%.
Las previsiones centrales, tal y como han avanzado en sus presentaciones de resultados, apuntan a que la tasa de mora en la cartera del banco catalán no supere el 5% frente al 3,6% actual, mientras que en la entidad nacionalizada pase del 4,9% a algo menos del 10%. Con estas estimaciones y con un aumento de la cobertura de los créditos en manos de Bankia, el volumen total de provisiones asciende a 6.310 millones, con el fin de asumir unos impagos superiores a los 27.000 millones.
Pero, estas cifras se pueden quedar cortas si se cumplen los peores presagios y la morosidad roza los niveles de la anterior crisis, con tasas del entorno del 12%, ya que los dudosos del grupo resultante podrían escalar hasta los 46.000 millones. En este escenario, el nivel de dotaciones que tendría que hacer alcanzaría los 18.000 millones.
Uno de los objetivos de la fusión es precisamente que ambos bancos ganen músculo para afrontar los desafíos de la crisis, que son inciertos en estos momentos, y puedan mejorar la rentabilidad a través de las sinergias de costes derivadas de los despidos y el cierre de oficinas. El sector considera que la morosidad irá subiendo desde este otoño hasta, al menos, finales de 2021. Será el próximo año cuando el impacto sea mayor, porque será entonces cuando venzan los plazos de las medidas especiales, como las moratorias de pago concedidas a los clientes más afectados por la crisis para aliviar sus compromisos financieros.
Cartera con moratorias
CaixaBank y Bankia tienen más del 6% de su cartera crediticia bajo moratoria. Concretamente, según las cifras que ambas entidades adelantaron a cierre del primer semestre, el banco de origen catalán ha aprobado desde el inicio de la crisis del coronavirus 519.000 operaciones por un total de 15.500 millones de euros, lo que supone el 6,4% del saldo vivo de préstamos. Por su parte, la entidad encabezada por José Ignacio Goirigolzarri, ha aprobado 91.600 operaciones por 4.400 millones de euros, el 6,5% de su cartera crediticia.
No han sido las más activas o más afectadas por el aplazamiento de las cuotas a clientes, ya que el Santander y BBVA, ambas con una importante diversificación en el extranjero, llegan a alcanzar hasta el 12% y el 9% del total de sus préstamos, respectivamente.
Las expectativas son que la morosidad suba con más fuerza en el crédito al consumo y en el corporativo, donde sobre todo la entidad catalana es muy potente. Si bien, gracias a los avales del Estado, una parte relevante de las pérdidas por impagos a las empresas (pymes principalmente) será asumida por las arcas públicas, de acuerdo con las condiciones de la línea de liquidez lanzada por el Gobierno a través del ICO para apoyar al tejido industrial tras el Covid-19. Esta financiación cuenta con garantías estatales de entre el 60% y el 80% de los importes, por lo que las entidades solo se anotan un agujero de entre el 20% y el 40% de los mismos.
