Las negociaciones entre CaixaBank y Bankia para su fusión se han cerrado y ambas entidades han convocado para este jueves los consejos de administración para su aprobación, según fuentes cercanas a la operación. Las conversaciones dieron ayer un acelerón y la reunión entre la ministra de Economía, Nadia Calviño y el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, facilitó avanzar y salvar algunos escollos, como el reparto de poder y la ecuación de canje. Ambos dieron su beneplácito a las condiciones. Los órganos rectores estaban previstos que se celebrarán el miércoles, por lo que se han visto retrasados finalmente un día.
Pese a este aplazamiento, el segundo, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que la integración ya está pactada y que se creará, así, un nuevo campeón financiero en España, con un volumen de activos de más de 600.000 millones.
Se prevé que la Fundación La Caixa, que ostenta un 40% de CaixaBank, tendrá un 30% del grupo resultante, mientras que el Estado, a través del Frob, contará con un 16% aproximadamente.
La Caixa, que no ha cedido en posiciones iniciales, eso sí, está dispuesta a invertir previamente hasta 120 millones de euros en títulos de CaixaBank, con el objetivo de elevar a un 41% la participación en la entidad catalana y, así, poder lograr sus metas y contentar al Gobierno en sus peticiones. De hecho, este punto ha sido clave para que las negociaciones se hayan acelerado.
Gracias a esta decisión, que cuenta con el visto bueno del BCE, la Fundación podrá seguir consolidando fiscalmente el 30% del banco de origen catalán en un solo grupo y disponer de beneficios impositivos. De lo contrario, estas ventajas se perderían.
La compra de nuevas acciones, antes de que se materialice la ecuación de canje, ha sido una decisión que se ha tenido que tomar para que las conversaciones avancen, ya que el Frob no estaba dispuesto a rebajar la valoración de Bankia. Exigía un 30% sobre la cotización del día anterior al anuncio de las negociaciones con el objetivo de maximizar al máximo posible las ayudas otorgadas al grupo nacionalizado.
Con dicha prima, La Caixa se quedaría con un 29%, que es el porcentaje que está descontando el mercado desde el momento en que se dio a conocer la unión de ambas entidades.
CaixaBank, de acuerdo con las valoraciones, tendrá un peso del 74% del nuevo grupo, mientras que CaixaBank, el 26% restante. La capitalización ascenderá a 16.400 millones.
El BCE ha tenido que flexibilizar su postura para que la integración pueda seguir adelante al permitir a La Caixa, sin ningún de penalización, a adquirir ese 1% necesario y superar temporalmente el 40% acordado hace años para que no se considerara como control absoluto, de acuerdo con la normativa de fundaciones.
Consejo de 15 asientos
El nuevo banco, que operará bajo la marca CaixaBank tal y como adelantó elEconomista, contará como primer ejecutivo al consejero delegado de la entidad catalana, Gonzalo Gortázar, y como presidente no ejecutivo o con funciones limitadas al máximo responsable de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. El órgano rector estará compuesto por 15 miembros, seis de ellos independientes. El resto, 6 corresponderán a CaixaBank (incluido Gortázar) y los otros tres a Bankia (incluido Goirigolzarri y algún miembro del Estado a través del Frob).
La intención del fondo de rescate es vender la participación con el tiempo para intentar recuperar parte de los 24.000 millones inyectados en Bankia. El plazo para la desinversión expira en diciembre de 2021, pero puede ampliarse como se ha hecho en dos ocasiones anteriores.
Rentabilidad y ajustes
El nuevo grupo buscará elevar la rentabilidad a través de un recorte de costes sustancial. Se estima que llevará a cabo prejubilaciones y bajas incentivadas que afectarán a unos 8.000 trabajadores, unos despidos que serán afrontados con la generación de un badwill (apunte contable en la cuenta por la diferencia del valor en libros de Bankia y el precio de la operación) de más de 7.200 millones. La factura del ajuste de personal se calcula en unos 2.600 millones. El campeón nacional, asimismo, reducirá en unos 1.400 su red de oficinas.
La disminución de los gastos operativos es la única palanca con la que cuenta el sector para elevar la rentabilidad. Un retorno del capital que está a menos de la mitad de lo que exigen los inversores y que bajará como consecuencia de las elevadas provisiones que tendrán que realizar las entidades por el aumento de los impagos tras la crisis del coronavirus. Los expertos anticipan que el ratio de morosidad alcance el 12%, es decir, que se multiplique por más de dos.
Una vez que sea aprobado por los consejos, la comisión rectora del Frob analizará las condiciones para dar su aprobación en las juntas de accionistas, que se prevé que se celebre a finales de octubre.
