Díaz salva el 'puente de plata' para prejubilar a los parados mayores de 52 años

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para reformar la protección asistencial por desempleo tras renunciar a una de las medidas más polémicas que contenía: reducir la cotización por jubilación que abona el SEPE por los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, que en marzo sumaron 460.000 personas. Polémica porque fue la razón que esgrimió Podemos para 'tumbar' la norma en el Congreso, pero también porque esta aportación, que cuesta 1.872 millones de euros al año, es una de las figuras aprovechadas por las 'prejubilaciones' en el marco de despidos colectivos.

Este es el único caso de subsidio que cotiza para la jubilación. A diferencia de las 'prestaciones contributivas' (en las que la cotización se calcula sobre la base reguladora que percibe el desempleado), para los mayores de 52 años se utiliza como referencia el 125% del tope mínimo de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento y que evoluciona en función del salario mínimo interprofesional (actualmente 1.323 euros mensuales). Además, lo hace hasta que llega el momento de su jubilación ordinaria.

El frustrado decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre no planteaba eliminar este mecanismo excepcional que solo beneficia a los mayores de 52 años, sino reducir progresivamente el porcentaje al 100%. Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no logró convencer a sus ex socios de Podemos, que votaron en contra de la norma y forzaron la primera gran derrota política del Gobierno de coalición en la Legislatura. Ello ha obligado a sentarse a negociar con los sindicatos y la patronal para presentarlo como un acuerdo de la Mesa del Diálogo Social, si bien finalmente solo ha logrado el aval de los representantes de los trabajadores.

La memoria de impacto de la norma original presentada en diciembre revelaba que el coste anual de esta cotización para el Estado fue de 1.872 millones de euros en 2023, 156 millones al mes por cada uno de los 433.50 beneficiarios, (26.000 menos que los anotados hoy). Esto supone que la cotización de cada beneficiario para una prestación que apenas llega a 480 euros le costaba al SEPE 359,8 euros.

Un gasto disparado por el SMI

La rebaja de la 'sobrecotización' era progresiva a un ritmo de 5 puntos porcentuales por año. Así, en 2024 hubieran sido 94 millones de ahorro, en 2025 hubiera ascendido a 187,2 millones, a 280,8 millones en 2026, 374,4 millones en 2027 y 468 millones en 2028. Una reducción del gasto público que con el giro de Trabajo se esfuma. Aunque la contrapartida es que así se desbloquea el cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones, que la derrota parlamentaria de enero ha puesto en entredicho.

El Ejecutivo tuvo complicado explicar este recorte, que derogaba en gran parte una medida tomada por el primer gobierno de Pedro Sánchez en 2019. Entonces, se redujo la edad de beneficiaros de 55 a 52 años y recuperó la 'sobrecotización' del 125%, revirtiendo el recorte a este subsidio aplicado por el PP en 2012. ¿A qué se debió este cambio de criterio? La propia Díaz acabó reconociendo que la razón era que el salario mínimo interprofesional, que se toma como referencia para la base mínima de cotización, se había disparado un 54% desde 2019.

Lo que en la práctica equivale a que la factura en cotizaciones para las arcas públicas también se ha disparado. Lo que es además más costoso al tratarse del único subsidio que se percibe hasta la jubilación y que afecta especialmente a los mayores de 55 años. Que, además, son el 39% del total de beneficiarios de prestaciones y más de la mitad de los que perciben un subsidio. Los informes del propio SEPE reconocen que la "gran mayoría" de ellos no vuelven a encontrar trabajo.

Que la decisión tenía motivos presupuestarios queda aún más claro al ver que la reforma del subsidio dejaba al de 52 años sin apenas cambios, empezando por una cuantía de 480 euros mensuales y sin los incrementos aplicados al resto de ayudas asistenciales, si bien estos se cobran por mucho menos tiempo. Pero aparte del ahorro, ¿en qué beneficia a estas personas reducir su futura pensión? La clave es que esto suponía un desincentivo a las 'prejubilaciones' impulsadas por las empresas.

Para entender esto hay que tener clara una verdad incómoda sobre este subsidio: se diseñó para que las empresas aprovechen esta cotización como una forma de ahorro en sus procesos de recorte de plantilla centrados en los mayores de 50 años. Esto explica que muchos de estos trabajadores se conformen con una prestación de 480 euros. ¿Quién puede vivir con esa cantidad al mes desde los 55 hasta poder acogerse a una jubilación anticipada forzosa a los 65 o 65 años?

La respuesta en los últimos veinticinco años ha sido la misma: los prejubilados inmersos en procesos de despido colectivos con acuerdos en los que las indemnizaciones, los convenios especiales con la Seguridad Social y el abono de las prestaciones y subsidios se encadenan para componer unas condiciones más ventajosas que las de un despido ordinario. Siempre, claro está, a cambio de que el trabajador no vuelva al mercado laboral. Es decir, a buscar trabajo.

Estos esquemas son muy complejos y combinan todo tipo de elementos, pero las cotizaciones del SEPE juegan un papel fundamental. Más incluso que el propio importe de la prestación, ya que permiten mantener el derecho a una pensión más elevada en los últimos años en los que el afectado por el despido ya no vuelve a trabajar. De hecho, se da la paradoja de que cuando estos 'prejubilados' forzosos acceden a la jubilación propiamente dicha perciben unas pensiones más altas, de media, que las de los jubilados ordinarios, lo cual se convierte en un desincentivo adicional para estas personas a la hora de buscar trabajo.

¿Aval a la cultura de la 'prejubilación'?

Este modelo, iniciado en la reconversión industrial de los años 90, fue aprovechado en los lustros siguientes por muchas empresas que planteaban ajustes de plantilla de trabajadores con mayor edad (y con mayores sueldos), como el sonado ejemplo de Telefónica. Pero la coincidencia de la Gran Recesión y la reestructuración bancaria marcó un hito para lo que el ex ministro de Trabajo socialista Celestino Corbacho llamó la "cultura de la prejubilación".

Sin embargo, las condiciones de estos acuerdos también empeoraron, hasta el punto de que dejaron de ser rentables para muchas empresas (salvo las de mayor tamaño). Y se llegó a una situación en la que muchos parados mayores de 52 años se veían atrapados en esta "cultura" sin gozar de ninguna de sus ventajas y obligados a vivir solo con los 480 euros. Este es el colectivo en el que Podemos puso el foco a la hora de argumentar su rechazo a la norma.

La formación morada sostiene que castigar al desempleado y reducir sus futuras pensiones no impide que las 'prejubilaciones' sigan expulsando del mercado laboral a los mayores de 52 años. Un ejemplo vuelve a ser Telefónica, que ha presentado un plan de despido colectivo que pivota de nuevo sobre los trabajadores seniors, pactado además con los sindicatos. Pero no es el único.

De hecho, los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, muy críticos con las prácticas "edadistas" en el mercado laboral, defienden esta fórmula como la "menos traumática" y apunta a que en sectores como el tecnológico es clave para garantizar el relevo generacional, sobre todo en un escenario marcado por la irrupción de la inteligencia artificial.

Un argumento que incluso el Banco de España ha cuestionado rotundamente en su último informe anual, sobre todo en un momento en el que el envejecimiento de la mano de obra mira hacia los trabajadores seniors, tradicionalmente expulsados del mercado laboral.

El problema es que el recorte del subsidio de mayores de 52 años que planteó Díaz no se acompañaba de medidas adecuadas para fomentar la empleabilidad mediante un impulso claro a las políticas activas de empleo, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país.