El número de personas que anticipan su retiro del mercado laboral se situaba a cierre de 2023 en 455.500, el mínimo de la serie histórica que se remonta a 2002. Reformas como el aumento de la edad de jubilación o el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas han sido clave en esta evolución, pero el Gobierno sigue trabajando en nuevas medidas específicamente destinadas a frenar las conocidas como 'prejubilaciones' que afectan a los desempleados afectados por despidos colectivos de grandes empresas, con cargo las prestaciones y subsidios públicos por desempleo.
Los datos de la Encuesta de Población Activa confirman la tendencia que ya arrojan los datos de Seguridad Social: cada vez más altas se producen después de la edad legal. A finales de 2024, contaban a 234.123 jubilados menores de 65 años. Pero las cifras del INE no solo cuentan a los jubilados, también incluyen a los 'prejubilados', por lo que la cifra total es más del doble.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro supuesto? Mientras un jubilado anticipado ya cobra una pensión de jubilación, un prejubilado recibe una prestación o subsidio por desempleo hasta que llega a la edad a la que puede jubilarse 'adecuadamente'. Para ello tiene que inscribirse como demandante de empleo en un servicio público, aunque no tenga intención de volver a trabajar. Una situación que solo aflora en la EPA, ya que se trata de una encuesta.
Aunque los retiros anticipados se reduzcan, el problema sigue siendo su coste: se trata de trabajadores que perciben pensiones más altas durante más años. Incluso aquellos 'prejubilados' que acceden a la pensión propiamente dicha procedentes de una situación de desempleo cobran 530 euros más de media que el resto de los jubilados. Eso sí, esto beneficia ante todo a extrabajadores de grandes empresas.
La explicación está en que las prejubilaciones son esquemas de 'ingeniería compensatoria' que incluyen la indemnización, convenios especiales con la Seguridad Social para cubrir la pérdida de cotizaciones, que son compatibles con la percepción de la prestación por desempleo y el subsidio por desempleo, en especial el de mayores de 52 años, que parece diseñado exprofeso para facilitarlas, ya que diferencia de los ordinarios pueden cobrarse hasta el momento de la jubilación legal. Además, el SEPE aporta una 'sobrecotización' del 125% de la base mínima para mejorar las futuras pensiones.
En este escenario, es comprensible que el subsidio de 52 años fuera el protagonista de la reciente reforma de los subsidios. Para corregir lo que no pocos consideran una 'subvención encubierta' a las prejubilaciones se plantearon diversas opciones, aunque finalmente la decisión pasó por eliminar la sobrecotización para acabar con un incentivo a una práctica recurrente en el mercado laboral español, incluso en empresas con beneficios.
Precisamente, El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero planteó un mecanismo para que en los casos en los que la empresa no tuviera pérdida y despidiera mayores de 50 años tuviera que compensar al SEPE por el gasto en prestaciones. En la década que lleva en vigor (arrancó ya con el Ejecutivo de Mariano Rajoy), solo se ha reclamado a 93 empresas por un importe de 983 millones, pero su eficacia disuasoria ha sido nula. Más de un tercio de esa cantidad corresponde a Telefónica, que hizo un despido de este tipo en 2011. Aunque a pesar de esta sanción, no se ha visto disuadida de aprobar una medida similar para este mismo año.
Por ello, el Gobierno ha decidido ir más allá aprovechando la reforma de los subsidios. Aunque en todo este proceso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nunca pronunció la palabra "prejubilación", un término tabú entre patronales y sindicatos. La cuestión es que se trata de acuerdos muy ventajosos para los trabajadores (y sus representantes) que 'pacifican' procesos de ajuste que afectan a grandes empresas. De hecho, el propio Ejecutivo los ha aprovechado con entusiasmo en los años de la reconversión industrial de los años 90 del pasado siglo, o en la reestructuración bancaria durante la Gran Recesión.
Al tratarse de prejubilación que llegan a iniciarse con quince años de adelanto a la edad de jubilación, el impacto en Seguridad Social no es inmediato, que se produce en un 'goteo' de varios miles de nuevas altas al año. Una cifra que además se ha ido reduciendo desde el fin de la crisis financiera. Algo que convenció al Gobierno de que era el mejor momento para endurecerlos.
Un ajuste quirúrgico
Pero este 'golpe de gracia' a las prejubilaciones, acompañado con nuevos cambios en la jubilación anticipada, tenía un efecto colateral: castiga a los parados de larga duración que no están acogidos a prejubilaciones. Según los informes del propio SEPE, el grupo más numeroso de preceptores de prestaciones de paro son los mayores de 55 años. "En su gran mayoría perciben el subsidio hasta la edad de jubilación", reconoce el organismo. ¿Pero esto significa que todos son prejubilados?
De las 733.357 personas que a cierre de 2024 cobraban un subsidio, 423.621 superaban los 55 años. Pero lo más sorprendente de esta cifra es que mientras las prejubilaciones han caído, la cifra de beneficiarios de subsidios supone el máximo de la serie histórica que arranca en 2009, en plena crisis financiera. Han crecido un 139% desde entonces. Y un 19,2% desde que Díaz es ministra de Trabajo.
Cotejando las estadísticas de EPA (455.500 inactivos por jubilación anticipada o prejubilación), con las de Seguridad Social (234.123 jubilados menores de 65 años) y la cifra del SEPE de perceptores de subsidio mayores de 55 años, tenemos que menos de la mitad de estos (unos 220.000) serían prejubilados. El resto, serían parados 'senior' de larga duración que subsisten con un subsidio de 480 euros.
En cualquier caso, la falta de un estudio en profundidad por parte del Gobierno impide aclarar esta cifra. Pese a que hacerlo resulta especialmente relevante para el Gobierno, porque el castigo a los parados de larga duración 'no prejubilados' fue el argumento que usó Podemos para tumbar el decreto en el Congreso, sin que el 'tabú' de las prejubilaciones permitiera a Díaz explicar su decisión y acabó improvisando una excusa que culpa a las subidas del SMI aprobadas por su propio Ejecutivo.
Ahora que la norma se vuelve a negociar con los interlocutores sociales, las posturas están enfrentadas. La patronal quiere mantener la sobre cotización, mientras los sindicatos plantean que esta cuestión no se incluya en la norma, pero aceptan que esta se tramite como proyecto de ley (no como decreto) para introducirla más adelante vía enmienda.
Esto permitirá aprobar el grueso de la reforma de subsidios mientras se prepara una fórmula que mejores la protección de los parados de más larga duración mientras se endurece de manera definitiva los 'incentivos' vía SEPE a las prejubilaciones de las grandes empresas.