
El cisma entre republicanos y demócratas continúa poniendo en riesgo la recuperación de la economía de Estados Unidos.
Sin acuerdo bipartidista en el horizonte, los senadores republicanos confían ahora en una propuesta fiscal edulcorada, que reduce la factura inicial a la mitad, hasta aproximadamente los 500.000 millones de dólares. Una opción sin grandes garantías entre los demócratas, que rechazan aprobar un estímulo troceado y de menor tamaño.
"Los colegios contarían con ayudas por valor de 105.000 millones de dólares"
El plan descafeinado incluye hasta 300 dólares semanales en subsidios adicionales por desempleo a cargo del gobierno federal hasta el 27 de diciembre y establece protecciones legales para empresas así como para los servicios de atención médica.
Estos últimos recibirían, además, fondos por valor de 29.000 millones de dólares. Por su parte, los colegios contarían con ayudas por valor de 105.000 millones de dólares y se destinarían 10.000 millones de dólares al Servicio Postal de EEUU (USPS, por sus siglas en inglés). También amplia la financiación del Programa de Protección de Nóminas (PPP, por sus siglas en inglés), que ofrece créditos a fondo perdido a las pequeñas y medianas empresas del país.
La propuesta representaría una versión reducida del proyecto de ley por valor de un billón de dólares que los senadores republicanos ya introdujeron a fines de julio como contrapunto al plan de 3,5 billones de dólares que los demócratas aprobaron en la Cámara Baja el pasado mayo.
Cabe recordar que ante el desacuerdo entre republicanos y demócratas, el presidente Trump firmó un decreto a principios de este mes en la que ordenó al gobierno federal que proporcione 300 dólares a la semana en pagos adicionales a los desempleados.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, Nancy Pelosi, continúa recibiendo la presión de los legisladores de su partido para extender las ayudas adicionales a los desempleados que expiraron el pasado 31 de julio. Dichos subsidios sumaban 600 dólares semanales al dinero que los gobiernos estatales distribuyen entre los parados.
Actualmente, el voto por correo se ha convertido en un importante punto de fricción
Varios congresistas demócratas han instado a Pelosi a celebrar una votación el sábado sobre una posible extensión de estos subsidios dado que el Congreso tiene previsto romper su receso para reunirse ese mismo día y votar un proyecto de ley que prohibirá cambios operativos al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) hasta después de las elecciones además de inyectar 25.000 millones de dólares adicionales en fondos a la agencia de correos.
Actualmente, el voto por correo se ha convertido en un importante punto de fricción a este lado del Atlántico. El director general de correos, Louis DeJoy, anunció el martes que suspenderá ciertos cambios en el USPS hasta después de las elecciones de 2020 para "evitar la apariencia de que esto podría tener impacto alguno en el servicio postal electoral".
Nuevas responsabilidades
El miércoles, durante la Convención Nacional Demócrata, los participantes, entre los que destacaron la propia Pelosi y la candidata a la vicepresidencia de EEUU, Kamala Harris, defendieron como el nominado del partido a la Casa Blanca, Joe Biden, será el responsable de sacar al país de la crisis y reconstruir la economía.
Durante la velada, que un día antes confirmó a Biden como el elegido oficialmente por los demócratas para plantar cara a Trump el próximo 3 de noviembre, se puso de manifiesto como su plan económico, que impulsará el gasto público en más de 4 billones de dólares durante la próxima década, impulsará el bienestar de las familias trabajadoras y las pequeñas empresas.
Intromisiones electorales
Un nuevo informe publicado esta semana por el German Marshall Fund indicó que varios regímenes autoritarios, donde sin incluyen Rusia y China, han gastado más de 300 millones de dólares durante la última década para interferir en los procesos electorales de decenas de países, entre ellos Estados Unidos.Además de los ciberataques y la desinformación, estos gobiernos y sus representantes han explotado las lagunas legales para canalizar dinero a través de donantes falsos, ONGs, empresas fantasma y contribuciones de campañas para ganar influencia en al menos 33 países.
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