Madrid
Para explicar quién es quién en la supuesta trama delictiva de Podemos, hay que detenerse en primera instancia en la figura de José Manuel Calvente. Él es el exresponsable de los Servicios Jurídicos de la formación morada, despedido por burofax en diciembre de 2019. Sus declaraciones, primero ante la guardia civil, y luego ante el juez, han provocado que el magistrado del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, haya imputado a Podemos como persona jurídica por la financiación del partido. El juez también ha determinado investigar a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias -es un alto cargo del Gobierno que hoy está imputado-. Además, Escalonilla ha imputado al tesorero y a la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.
Los pilares de las sospechas son las últimas campañas electorales, la remodelación de la sede nacional de Villaespesa 8, en Madrid, y la Caja de Solidaridad.
De la amenaza a la 'liebre'
Pablo Iglesias apareció este viernes por redes sociales, para afirmar que, además de sentirse orgulloso de que su partido "no dependa de los bancos y las oligarquías económicas", de tener una Caja de Solidaridad "con las donaciones que hacemos todos los cargos públicos de Podemos de parte nuestro sueldo y que se usa para apoyar a colectivos sociales", rubrica en Twitter. Para disipar dudas, Iglesias añade su intención o amenaza de seguir trabajando "desde el Gobierno" con su agenda republicana para "defender el interés general".
José Manuel Calvente: La cúpula de Podemos puso de patitas en la calle a José Manuel Calvente cuando observa que el abogado descubre posibles tramas delictivas dentro del partido y, salta la liebre. En la sede hay rumores, entre sus trabajadores, de que las cosas no se están haciendo todo lo que bien que exige el código ético de Podemos. Facturas de servicios que no corresponden con la realidad, sueldos inflados que no aparecen reflejados, opacidad en las cuentas, licitaciones irregulares y dadas a dedo. Gente que mete la mano en la caja.
Coincide además, que desde 2018, el tesorero, Daniel Frutos, toma la decisión de eliminar las auditorías externas al partido alegando solapamiento de citas electorales. Se congela el portal de Transparencia y en 2019 no se aprueban los presupuestos del partido en el Consejo Ciudadano.
Las pesquisas de Calvente, y de su compañera, la también letrada Mónica Carmona, debieron poner sobre aviso a la cúpula podemita. En ese tiempo analizado, Calvente se topa con, al menos, tres sucesos que llaman su atención: el contrato de una consultora mexicana, Neurona Consulting, para la campaña electoral de 2019 -y con facturas, cuando menos, extrañas por quizás no corresponder con el trabajo realizado-; en segundo lugar, el exresponsable jurídico comprueba que, la remodelación de la nueva sede de Podemos, en la calle Villaespesa, número 18, se hace por el ministerio de las prisas, con una licitación irregular, sin la publicidad requerida, y además se dobla el precio inicial, de 600.000 euros a 1.300.000.
La tercera de las irregularidades tiene que ver con la Caja de Solidaridad, o la presunta Caja B. Hay sospechas de que el dinero que viene de donaciones de los salarios de los dirigentes, y que debería ir a proyectos, acaba en cometidos poco claros, con un reciclado que vuelve a las manos de algunos dirigentes. Una especie de centrifugadora sin control oficial, o una suerte de financiación ilegal.
La alarma en Podemos, lejos de promover una investigación, lleva al despido de los trabajadores que han iniciado esa suerte de auditoría interna, cuyo resultado no corresponde a un partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, y que gracias al hostigamiento a Mariano Rajoy, se sienta desde enero en el Gobierno de Pedro Sánchez. La cúpula, sostiene Calvente, mira a otro lado.
Para rizar el rizo, el exletrado fue acusado de acoso laboral y sexual por parte de una de las abogadas en nómina, Marta Flor Núñez.
En su lucha por esclarecer los hechos y llevar a buen puerto su defensa, José Manuel Calvente ha dejado escrito: "Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad -añade el abogado- se sabrá".
Los imputados
Daniel Frutos. Daniel Frutos es el tesorero de Podemos. Ejerce el control financiero de la agrupación morada. Es conocedor de las donaciones, aportaciones, de los deudores, de la cantidad que aportan los afiliados. Gestiona partidas electorales y las subvenciones públicas que vienen de las arcas del Estado. Por si fueran poco estos cometidos, ha de vigilar la transparencia y el área de anticorrupción del partido. Frutos Ramírez ha estado al corriente de la compra del chalet de Pablo Iglesias y del crédito pedido. Maneja y dirige la salud de la contabilidad. Y de existir Caja B, lógicamente tiene que saberlo.
Desde esta semana, y a tenor de las declaraciones de Calvente, el juez Escalonilla ha puesto el foco en él y el día 20 de noviembre tendrá que ir a declarar al juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de imputado.
Según el testimonio de Calvente, Frutos se había encargado de apartar a este y a Carrasco del equipo legal de partido que debía supervisar la compra del chalet que la pareja Iglesias-Montero finalmente adquirió en Galapagar por 600.000 euros, gracias a un crédito de la Caja de Ingenieros. Llama la atención de Calvente que hasta la fecha, el equipo jurídico siempre había supervisado otras opciones de compra del vicepresidenta y la ministra podemita. Pero es ahí, donde se corta esta praxis.
Juanma del Olmo. El responsable de la dirección comunicativa en Podemos, pareja de la diputada de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, jefe de campañas electorales, y desde hace unos meses, alto cargo del Gobierno en la vicepresidencia segunda que preside Pablo Iglesias, el periodista también ha sido imputado por el juez Escalonilla. Y lo hace por su presunta implicación en la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña electoral de abril de 2019.
Rocío Esther Val. La murciana, natural de Yecla, en la actualidad es la gerente del partido. Llega tarde y viene a ocupar la plaza de una anterior gerente, en un momento en el que flotaban las irregularidades. Fue Val quien decidió echar a Calvente del partido con la lastra de ser el acosador sexual de Marta Flor Núñez. Se sospecha que la sustituta de Pablo Manuel Fernández estaba al corriente de facturas ficticias que denuncian trabajadores de la empresa, que sospechan que funciones que ellos desempeñaban por ejemplo, la gestión de las nóminas, eran encargadas y pagadas a empresas ficticias o a empresas de dirigentes del partido. Para más señas, Rocío Val había sido la vicepresidenta de Kinema, la cooperativa de Rafael Mayoral, receptora de subvenciones públicas y contratos de Estados latinoamericanos.
Entre los señalados por la Justicia, con la vista puesta sobre ellos, se encuentran Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero. Al primero, al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales lo observan por supuesto trabajo paralelo con Kinema, con ganancias incluidas del partido y falsas tareas y por ser "máximo destinatario de los fondos", y al segundo, por su papel como posible intermediario en la contratación de la consultora Neurona para llevar la campaña electoral de 2019.
Aporta Calvente a su testimonio, que, "de los 401.720 euros pagados por Podemos a Neurona, 308.257 se fueron a una cuenta mexicana de la Sociedad Creative Advice Interative Group S.A". Y se pregunta, "¿quedó algo para la campaña?".
La historia de Neurona podría ser pieza aparte. La consultora en cuestión, dirigida y fundada por César Hernández Paredes, investigado por tráfico de influencias por la Fiscalía Anticorrupción de Bolivia por contratos hinchados de Evo Morales, con cuyo dinero luego financiaba a otros partidos extranjeros, es la que supuestamente hizo la campaña electoral de 2019 de Podemos.
Hernández Paredes es conocido de Juan Carlos Monedero. Y en las declaraciones de Calvente se aprecia una relación de intermediario por una campaña que no llegó a realizar en su totalidad, o por un dinero cobrado injustificado, dejando al aire que Monedero también se beneficiara de dicha operación.
Dina, Marta y el juez
El papel de Dina Bousselham queda aun por despejar en otro caso pendiente que podría pasar por el Tribunal Supremo y la solicitud de declaración de Iglesias. El contenido de su tarjeta del móvil desaparecido, que luego acabó en manos de Iglesias, es un misterio. Lo que si es una certeza es que Marta Flor Núñez ha sido hasta la fecha la abogada de Dina y de Pablo en el falso caso de las cloacas del Estado.
Marta Flor fue quien acusó a Calvente de acosador sexual y laboral. Pero el caso también se desvaneció por falta de pruebas. Mientras, el juez Escalonilla se ha convertido en la nueva pesadilla de Podemos, junto al juez Manuel García Castellón. Escalonilla fue quien rechazó un caso abierto por comentarios incitadores al odio y amenazas de muerte contra la exalcaldesa Manuela Carmena. En septiembre, empiezan las nuevas declaraciones ante los tribunales.
