Madrid
La situación financiera de Podemos se complica en plena investigación judicial sobre posibles irregularidades en sus cuentas. El partido que lidera Pablo Iglesias ha publicado en su portal de Transparencia sus cuentas anuales, que reflejan, además, de los primeros números rojos de su historia -registra pérdidas de 2,6 millones frente a un beneficio en 2018 de 3 millones- un fuerte incremento de la deuda, que se multiplica por seis.
Y todo ello, por segundo año consecutivo, sin auditoría externa. Al margen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el último balance auditado es el de 2017. En el informe de control interno, el partido admite que "se ha prescindido de los servicios auditores externos a causa del esfuerzo que ha supuesto realizar el consolidado de 210 entidades en las cuentas anuales, derivadas del periodo electoral en su mayoría, y que ha generado durante el primer trimestre de 2020 un volumen de trabajo contable cuyas dimensiones ha requerido toda la atención de los equipos implicados".
Uno de los principales problemas de Podemos es que la deuda a corto plazo se ha multiplicado en solo un año por seis, al pasar de 435.987 euros a 2,7 millones, debido fundamentalmente a los múltiples microcréditos recibidos. El partido explica que, "de forma excepcional, los microcréditos suscritos para la campaña de las elecciones del 10 de noviembre se han devuelto con fondos propios antes de recibir la subvención electoral, debido a la interrupción en los plazos de fiscalización y ejecución, ocasionados por la crisis del Covid-19".
La formación insiste en que "es de vital importancia cumplir con los microprestamistas, y aún más en estas circunstancias". El año pasado Podemos obtuvo, en concreto, 5,2 millones de euros a través de microcréditos, habiendo devuelto al cierre del ejercicio un total de 2,9 millones. En este punto, el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre el hecho de Podemos dispusiera de microcréditos por 1,7 millones de euros para financiar el proceso electoral de los comicios de abril de 2019, que hubo que repetir en noviembre por la falta de acuerdo entre los partidos para formar Gobierno. Ante la elevada dependencia de la formación morada a los microcréditos, que tienen un difícil control, el Tribunal de Cuentas ha planteado que regule este sistema de financiación para tener un control sobre el mismo y evitar que se excedan los límites fijados para las aportaciones privadas u obligar a los prestamistas que renuncian a la devolución a informar por escrito de su decisión y que el partido registre el monto como una donación. "Se estima procedente valorar la oportunidad de regular las nuevas fórmulas de financiación a través de microcréditos, de modo que, al menos, se establezca una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas", recoge el organismo.
Deuda con el Estado
Al margen de los microcréditos, que es su principal vía de financiación, el partido mantiene una deuda con las administraciones públicas de 1,43 millones frente al millón que debía en 2018. Es decir, que los pagos que tiene pendientes con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones han subido en solo un año un 40%. De forma paralela al incremento de la deuda, Podemos ha reducido su caja a la mitad . Si en 2018 su tesorería se elevaba a 20,53 millones de euros, a 31 de diciembre de 2019 esa cifra se ha reducido a tan solo 10,6 millones. Son prácticamente 10 millones en un momento, además, en el que sus ingresos tanto públicos como privados están cayendo, a la espera eso sí de un cobro pendiente de algo más de 8 millones por parte de las administraciones públicas.
A medida que el partido de Pablo Iglesias ha ido perdiendo representantes en las administraciones públicas, con un derrame permanente de apoyo popular -solo en el Congreso de los Diputados ha pasado de 72 escaños a 35 desde el año 2015 hasta ahora-, sus ingresos han ido cayendo. Las cuentas de 2019, publicadas justo a las puertas de un largo proceso judicial. dejan a la vista un resultado oficial que refleja desde la reestructuración de personal, la bajada de los costes laborales, a las deudas con las administraciones públicas. En líneas generales unas finanzas que se alejan de una supuesta financiación irregular.
Así, en la cuenta A, que no en la B, que es la que se dirime estos días, se aprecia una caída de casi cinco millones de euros en las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento de partido, un descenso de cerca de un millón de euros en ingresos generados por las aportaciones de afiliados y cargos públicos, y una caída de un millón justo en donaciones y legados. En total, Podemos facturó 17 millones en 2019, un 22% menos. Ante la pérdida de ingresos por la menor representatividad pública y donaciones, el partido ha llevado a cabo un ajuste que se ha traducido en recorte del 15% de los costes de personal, pasando de los 13 millones de 2018 a los 11 millones registrados en 2019.
A Podemos ya no le queda la carta de indefensión que ha ido argumentando estos días, al señalar que apenas conocían el testimonio grabado de tres horas de José Manuel Calvente, al juez. El magistrado decidió este jueves remitir la grabación completa a la formación morada y a Vox, que está en la acusación particular. Hasta ahora, el partido de Pablo Iglesias sostenía que la base de las declaraciones del exabogado de Podemos estaba fundamentada sobre rumores y datos poco fiables. Pero la realidad es que apenas conocían la literalidad de esas tres largas horas en las que el letrado fue desgranando posibles irregularidades financieras, blanqueo de dinero, sobresueldos a dirigentes y una 'Caja B', supuestamente disfrazada de Caja de Solidaridad. Por el momento, el juez investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal e imputa al partido como persona jurídica y a cuatro de sus dirigentes, a los que cita a declarar el próximo 20 de noviembre.
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