La fiscalización que el Tribunal de Cuentas está haciendo de los gastos electorales de los partidos en relación a las generales del 28 de abril del pasado año ha señalado a Unidas Podemos. La coalición liderada por Pablo Iglesias presentó gastos irregulares por valor de 425.037,41 euros, parte ellos destinados a pagar a una consultora con vínculos con la izquierda latinoamericana y que asesoró al chavismo.
De los 6.175.257,92 euros declarados por Unidas Podemos en gastos electorales para cobrar la preceptiva subvención, el Tribunal de Cuentas considera que esos más de 400.000 corresponden mayoritariamente a gastos de naturaleza electoral y a gastos no justificados, siendo menor la parte relativa a gastos prohibidos expresamente por la ley.
En el desglose por partidas que hace el órgano en su informe se aprecia que los 'morados' presentaron 290.727,41 euros en gastos de naturaleza no electoral y 133.100,00 en gastos no debidamente justificados. En la categoría de gastos prohibidos por ley aparecen 1.210 euros correspondientes a "difusión de propaganda electoral entre la fecha de convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña electoral, lo que no está permitido".
Dentro del apartado de gastos que no pertenecen a la esfera electoral es donde el órgano fiscalizador hace referencia, aunque sin mencionarlo, al proveedor que los de Iglesias contrataron para estos servicios. Se trata de la consultora Neurona, a la que los 'morados' pagaron, informa el tribunal, 363.000 euros para la campaña del 28-A.
El que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido después por el partido por investigar irregularidades internas y ahora querellado contra la formación, ha confirmado que este proveedor del que el Tribunal de Cuentas no da el nombre es Neurona. "Ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras, que Mónica Carmona (la otra abogada despedida por Podemos) y yo las estábamos investigando y que es evidente que nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos. Alguien tendría que dimitir para limpiar el partido", ha remachado.
El Tribunal de Cuentas ha declarado que el objeto social de la empresa Neurona no coincide con los servicios contratados por Podemos para las elecciones del 28A y que no ha quedado acreditada la prestación de algunos de los servicios contratados. https://t.co/irEtGfclEp pic.twitter.com/yOMPLGy2nA
— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 7, 2020
La consultora Neurona es conocida por haber trabajado para la izquierda latinoamericana, con especial mención al chavismo en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia. También es conocida la colaboración del co-fundador e ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero con la misma.
Según precisa el tribunal en su informe, al requerir información a los 'morados' sobre estos servicios, los de Iglesias remitieron "un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habido sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado".
Incide también el órgano en que "de la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas". Esta afirmación deja a las claras que Neurona constituyó una 'filial' en España -Neurona Comunidad- poco antes de las elecciones generales. Este proveedor también ha trabajado para Podemos en posteriores citas electorales.
Contraviniendo la LOREG
Además de contratar a un proveedor cuyo teórico objeto social no era el requerido, Podemos precisó del mismo servicios de consultoría estratégica que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contempla como susceptibles de ser subvencionables como gasto electoral.
Aunque los de Iglesias alegaron que estos trabajos tenían como objetivo "la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos/as y la producción de material de carácter electoral", el órgano fiscalizador estima que "la elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos enumerados" en la ley.
De la misma manera, aunque Podemos alega el carácter electoral de los gastos de asesoramiento presentados al considerar esta labor "un servicio imprescindible especialmente cuando se concurre un proceso electoral con la forma de coalición electora", el tribunal considera que "los gastos para la constitución y presentación de la candidatura por parte de la coalición, como se viene reconociendo en anteriores informes de fiscalización, no se consideran comprendidos entre los conceptos enumerados" en la LOREG.
Por último, el tribunal también refiere la alegación hecha por Podemos de que "la gestión de creación y difusión de mensajes electorales a través de servicios de mensajería instantánea" también es un gasto electoral. No obstante, como en los anteriores partidas citadas, el órgano establece que, factura en mano, se trata de "trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información consistentes en la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes, y análisis del comportamiento de competidores, votantes e 'influencers'; no estimándose que los trabajos preparatorios para realizar la publicidad electoral se encuentren incluidos" en el citado artículo 130.
Devolver subvenciones de 2016
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también ha pedido a Unidas Podemos y sus coaliciones que devuelvan al Ministerio del Interior casi medio millón de euros que les fue concedido en 2016 en concepto de subvenciones para sufragar gastos de seguridad, pero que no fueron utilizados estrictamente para los fines que establece la ley o que ni siquiera se han usado.
En concreto, en su informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016, recabado por EP, el tribunal cifra en 323.828,22 euros el montante correspondiente solo a Podemos como tal. La formación de Iglesias recibió subvenciones para gastos de seguridad del ejercicio 2016 por importe de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en este concepto 452.955,97 euros.
Sin embargo, el tribunal ha detectado algunos conceptos no subvencionables por esta categoría que suman 323.828,22 euros. El grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir subvenciones, tales como el control de la entrada de su sede o labores de seguridad informática, y que, por tanto, deben ser devueltos.
