El Tribunal de Cuentas ha vuelto a insistir este miércoles al Gobierno en la necesidad de repensar la eficiencia material y económica del envío postal de propaganda electoral, el conocido como mailing, y la conveniencia de introducir recortes en el mismo. Así, ha urgido también a regular las nuevas formas de financiación electoral y, en concreto, a poner un tope a los microcréditos a los que cada vez recurren más partidos para financiar sus campañas, entre ellos, el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Así consta en los informes de fiscalización correspondientes a las elecciones generales de abril de 2019 y a las europeas del mismo año, que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas. De hecho, el fiscalizador ha incluido las mismas recomendaciones en ambos informes, y vuelve a utilizarlos para señalar al Ejecutivo las deficiencias que viene apreciando en las fiscalizaciones de las últimas convocatorias electorales.
El órgano subraya que, teniendo en cuenta que los sobres y papeletas electorales están a disposición de los electores en todos los colegios, habría que "evaluar la eficiencia material y económica" del mailing y "la posibilidad de diseñar e implantar un procedimiento más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información que garanticen la ejecución y permitan la reducción de fondos públicos destinados a su financiación".
Una cuantía máxima
Además de hacer una sugerencia general para la regulación de las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos, el tribunal especifica que, al menos, debería establecerse una "cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas".
Igualmente, aconseja que se obligue a ingresar estos microcréditos en las cuentas bancarias electorales (no en las generales de los partidos), que el plazo para su devolución "no exceda de un año natural a partir de la fecha de las elecciones", y que, si el prestamista renuncia a que se le devuelva el dinero, tenga que hacerlo por escrito y que esta cantidad sea considerada como "una donación a todos los efectos".
Por otra parte, un total de 14 empresas contratadas por el PP y Vox para la campaña de las elecciones europeas del año pasado han ocultado al Tribunal de Cuentas los detalles de las facturas que, por más de tres millones de euros, cobraron a las mencionadas formaciones.
Así lo detalla el tribunal en el informe de Fiscalización de las Elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 que acaba de aprobar. El artículo 133.5 de la Ley Electoral obliga a los proveedores que contratan los partidos para los procesos electorales a remitir al fiscalizador "información detallada de la facturación efectuada a las formaciones políticas por importes superiores a los 10.000 euros". Es decir, la no remisión de esa información no es responsabilidad de los partidos, sino de las empresas a las que contratan. Por eso el tribunal ha recomendado a las formaciones políticas que insten a sus proovedores a cumplir la ley enviando esos datos y haciéndolo dentro del plazo previsto.
En concreto, en su fiscalización sobre las Europeas, el tribunal cifra en 32 las empresas que no han cumplido con esta obligación y que han dejado de informar sobre un saldo de 3,59 millones de euros en total. Casi el 90% de esa cantidad la copan 14 empresas contratadas por el PP y Vox. En el caso de los populares, son ocho los proveedores que no han informado por valor de 1,59 millones, mientras que, en el caso de Vox, se trata de seis empresas y de 1,55 millones.
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