Madrid
Las cuentas de Podemos están en entredicho. Y no solo por la investigación judicial en marcha y las sospechas de una posible financiación ilegal desde el régimen chavista de Venezuela o Irán, bajo investigación por parte del Seblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). De hecho, éste ha detectado ya que 360 Global Media, la productora vinculada a Podemos, se habría financiado con 9,3 millones de euros de empresas que recibían dinero directo de Irán, según informó el diario El Mundo.
Dicha productora firmó varios acuerdos con el actual vicepresidente para grabar los programas de For Apache en Hispan TV. Así, en 2015, Iglesias renovó el contrato con la misma de los que un 15% se destinaba a financiar CMI, la firma a través de la producía La Tuerka. "Se están grabando con Pablo Iglesias nuevos programas para febrero, pero no te puedo confirmar hasta cuando se ha renovado el contrato. Es información confidencial", aseguró en 2015 a este diario Natalia Carrascosa, coordinadora y apoderada de 360 Global Media, la firma controlada por el iraní Mahmoud Alidazeh Azimi y que produce el canal Hispan TV. Según documentos internos de la productora sin ánimo de lucro, el equipo de Iglesias estaba cobrando 3.000 euros a la semana por ese acuerdo. Según la declaración de intereses económicos que presentó en diciembre de 2014 al Parlamento Europeo, el líder de Podemos se llevaba hasta y 5.000 euros al mes por presentar Fort Apache.
Venezuela, por su parte, habría financiado a Podemos a través de la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), que ha recibido fondos del régimen chavista por 7,1 millones de euros entre 2002 y 2012. Los pagos a la fundación, de los que fueron beneficiarios directos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge se desglosan en uno de 1,6 millones de euros en 2008 y varios de 2,8 millones de euros más en el período 2009-2012. Estas cantidades se sumarían así a los 3,7 millones de euros recibidos anteriormente por CEPS por otros trabajos de asesoramiento al gobierno bolivariano.
Y no son las únicas manchas en sus cuentas. Tal y como publicó este periódico el pasado 2 de agosto, hay hasta cinco irregularidades o supuestas mordidas que podrían hacer saltar por los aires el tejado que guarda la 'Caja B' del partido. Se trata de la contabilidad opaca denunciada y ratificada por el exasesor legal, José Manuel Calvente, que ha encontrado el impulso de un juez decidido a investigar las sospechas sobre los pluses secretos que se llevaban algunos dirigentes; la Caja de Solidaridad que actuaba como coladero; la remodelación de la nueva sede con sobreprecio e irregularidades en la adjudicación; las contrataciones sospechosas o, la actuación del tesorero Daniel de Frutos en la compra del chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero adquirieron en la sierra de Madrid, en Galapagar.
Calvente afirmó en su denuncia que la Caja de Solidaridad creada en 2018 por Rafael Mayoral, como secretario entonces de Sociedad Civil y Movimiento Popular, es en sí un instrumento opaco de financiación. A través de ella se recepcionaban las donaciones mensuales de los dirigentes de la formación morada, un dinero que en principio iría dirigido a donaciones a colectivos, entidades y procesos litigiosos. Calvante declaró ante el juez que esta herramienta "está siendo utilizada como una 'caja B' del partido para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal a supuestas entidades opacas y sin identificar".
La fiscalización que el Tribunal de Cuentas está haciendo de los gastos electorales de los partidos en relación a las generales del 28 de abril del pasado año ha señalado también al partido liderado por Pablo Iglesias, que presentó gastos irregulares por valor de 425.037,41 euros, parte ellos destinados a pagar a una consultora con vínculos con la izquierda latinoamericana y que asesoró al chavismo. De los 6,1 millones declarados por Podemos en gastos electorales para cobrar la preceptiva subvención, el Tribunal de Cuentas señala que 130.000 "no han sido debidamente justificados" ya que, aunque la formación morada aporta trabajos realizados y ha indicado los actos en los que se han prestado los servicios "sólo ha identificado los actos en los que se han utilizado algunos de los diseños, sin acreditar la efectiva participación del proveedor", explica el organismo para rechazar las facturas.
Los otros 290.700 euros directamente no se consideran gastos electorales, ya que, por ejemplo, incluyen la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes o análisis de comportamiento de influencers, votantes y competidores. Y es que, aunque son trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información, el Tribunal considera que "los trabajos preparatorios para realizar la publicidad electoral no se encuentran incluidos en ley".
Govern analiza las cuentas de CDC
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenado que el Govern se persone en la causa del 3% de presunta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), para analizar si procede que la Generalitat ejerza como acusación particular en este caso. Con esta decisión, la Generalitat tendrá acceso a la instrucción y el sumario de la causa del 3% que investiga la presunta financiación irregular, que afecta a la antigua CDC, y a la formación que la sucedió, el PDeCat.
