El aún fugado Carles Puigdemont y su entorno promueven, desde el año pasado, la llamada objeción de conciencia fiscal en los círculos secesionistas catalanes. La práctica consiste en que estos contribuyentes informen a la Agencia Tributaria de que se niegan a que sus impuestos sufraguen los gastos de la Casa Real, los Cuerpos de Seguridad y los tribunales. En su lugar, reclaman que ese dinero se destine a CATGlobal, que es en realidad el Consejo de la República controlado por el propio Puigdemont. Fuentes de Hacienda reconocen que en 2020 detectaron un “cierto número de objetores por la República”. Este año, por el contrario, la campaña del IRPF se cerró sin registrar “ni una sola petición” de esta clase. Sin duda, influye la inutilidad de las solicitudes, ya que no está permitido que los contribuyentes reasignen a su antojo las partidas del Impuesto de la Renta. Pero, además, en el mundo independentista hay quien reconoce su “enfado” por la “poca vergüenza” de la que Puigdemont hace gala. “Nos arriesgamos a una inspección de Hacienda para que él obtenga fondos que le permitan seguir viviendo a todo tren en Bélgica”, comentan con enfado en algunos foros digitales relacionados con círculos secesionistas.
