La nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia no impide que el consumidor pueda más tarde, por iniciativa suya, con pleno conocimiento y mediante una negociación con el banco, pactar un suelo inferior a aquel inicialmente convenido en una cláusula nula por falta de transparencia, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 2019.
La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en un Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, se considera como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.
El fallo resuelve que es un gasto comprendido en los daños y perjuicios del accidente y no precisa justificar su necesidad
A partir de este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez se pondrá a andar. Ese día, y a primera hora, el nuevo Ejecutivo se reunirá en La Moncloa para celebrar Consejo de Ministros, el primero en la historia de la democracia española de un Gobierno de coalición, que bien podría estrenarse con un decreto para aprobar la actualización de las pensiones al 0,9%, o el incremento salarial de los funcionarios, lo que tendría un impacto de entre 4.600 millones y 6.000 millones de euros de incremento del déficit pactado. No obstante, sin Presupuestos Generales para 2020, y por ende sin techo de gasto y objetivos de déficit, el Gobierno socialista estará bastante atado de pies y manos, por ejemplo, para aprobar nuevos impuestos y recaudar los ingresos previstos en sus planes. Por la complicada aritmética del Parlamento español, y la frágil mayoría de Pedro Sánchez, tampoco le resultará fácil derogar leyes o modificarlas en parte algunas de ellas, como es la pretendida reforma laboral que PSOE y Unidos Podemos anuncian que cambiarán. Renovar los órganos del Consejo del Poder Judicial no será una tarea sencilla. Hasta ahora, los dos principales partidos negociaban con acuerdo la composición del CGPJ, pero sin mayorías y con dos bloques tan contrapuestos, la misión no se antoja cómoda, si no imposible. En esa circunstancia se encuentran leyes como la Estabilidad Presupuestaria, todavía vigente, o una consulta en Cataluña como pretenden los socios externos secesionistas de Sánchez. La carrera acaba de empezar, pero el resultado del Gobierno parece incierto. La diferencia de posiciones entre los apoyos del Ejecutivo socialista no anticipan acuerdos fáciles. Solo en el impuesto al diesel, el PNV y Esquera Republicana de Cataluña son algo más que antagónicos.
El Ministerio de Economía ha abierto el plazo de consulta pública previa -hasta el próximo 20 de enero- para un futuro Real Decreto que busca que en España se evite la adopción de normas que introduzcan requisitos injustificados o desproporcionados en la regulación del acceso y ejercicio de las diversas profesiones.
El dueño de un vehículo accidentado tiene derecho a percibir del seguro del causante los gastos de alquiler de un vehículo de sustitución sin necesidad de probar para que se precisa el vehículo.
La transposición de la Directiva de Reestructuraciones obligará a cambiar la normativa sobre los preconcursos
Pablo Iglesias ha peleado para lograr el control de la Agenda 2030 en el nuevo Gobierno diseñado por Pedro Sánchez, del que será vicepresidente, porque este control le brinda la posibilidad de convertirse en un auténtico Ejecutivo dentro del equipo de Moncloa, por las prerrogativas que este cargo le confiere. Y ello, a pesar de los controles pactados entre el PSOE y Unidos Podemos (UP) para que cada Ministerio respete su ámbito competencial y mantenga una política coordinada de comunicación. Con este trasfondo, UP recibió con sorpresa y afectación el anuncio realizado por La Moncloa el jueves de que el próximo Gobierno de coalición tendrá cuatro y no tres vicepresidencias, como estaba previsto en un principio. En este sentido, la designación de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, supone un hachazo a esas pretensiones de Iglesias, ante el que su partido no supo reaccionar. No en vano, esta cuarta vicepresidencia limita la discrecionalidad que, sin las competencias de Ribera, hubiera tenido Iglesias para manejar la citada Agenda 2030.
"Cuando se transponga la Directiva de Reestructuraciones será necesario modificar la legislación concursal, sobre todo en el tema de las actuaciones preconcursales para mejorar la prevención de la insolvencia, puesto que esta Directiva permite la liquidación de los activos por partes para tratar de sacar el máximo rendimiento posible, según anunció ayer Pedro Martín Molina, copresidente de la Sección de Restructuraciones e Insolvencias del Colegio de Abogados de Madrid (Icam) y socio director de Martín Molina Abogados.