El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha reivindicado la presencia institucional de la Abogacía en la Agencia de Inteligencia Artificial, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), que se encarga de fomentar la interconexión y compatibilidad de los sistemas de gestión judicial electrónica en España. y en el órgano que se debe de crear para la calidad del servicio público de justicia y que está previsto en la Ley de Eficiencia de la Justicia y que todavía no se ha creado en un momento tan crítico como es el de la implantación.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado hoy un nuevo Reglamento de Amparo que ampliará la protección a todos los abogados en el ejercicio profesional. Esta decisión, calificada como "un hito regulatorio sin precedentes", se tomó en el marco de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, celebradas en Jerez.

Durante la presentación del libro 'Los ángulos muertos del Estado de Derecho', en el Senado, el jurista Miquel Roca i Junyent ha reivindicado la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre el modelo democrático y constitucional. Acompañado por los autores de la obra —editada por Lefebvre con el apoyo de la Fundación San Pablo CEU—, Roca ha defendido el papel de la crítica doctrinal rigurosa como herramienta esencial para fortalecer el Estado de Derecho.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, ha advertido que los jueces están asumiendo un rol que no les corresponde, ante la incapacidad de los poderes legislativo y ejecutivo para alcanzar consensos. Durante el IV Encuentro Jurídico, organizado por el propio Consejo y el Colegio de Madrid, bajo el lema "De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI", Santiago ha alertado sobre el creciente protagonismo político del poder judicial, en un contexto de polarización y debilidad institucional.

La Sala de los Social del Tribunal Supremo ha dictado nueva doctrina, en su sentencia de 22 de abril de 2025, donde admite que la Administración no está obligada a alegar la prescripción en una fase anterior (por ejemplo, en un trámite administrativo previo) sino que puede hacerlo directamente en el acto de juicio cuando responde formalmente a la demanda que le ha presentado el trabajador.