La Cumbre Iberoamericana de la Abogacía advierte que "el Estado de Derecho no se quiebra de golpe, se erosiona lentamente'"

Madrid ha reafirmado su papel como capital jurídica del mundo iberoamericano al acoger la Cumbre Iberoamericana sobre el Estado de Derecho, organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El evento reunió a más de 50 ponentes de ambos lados del Atlántico para abordar los desafíos actuales de la democracia, la legalidad y la seguridad jurídica en Iberoamérica. La cita ha puesto de relieve la creciente preocupación por la regresión institucional que afecta a varios países de la región y ha reforzado el compromiso de Madrid como referente en la defensa del Estado de Derecho.

Uno de los mensajes más contundentes ha sido el del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ha advertido que "el Estado de Derecho no se rompe de un día para otro, se quiebra lentamente".

Su intervención, cargada de firmeza y realismo, describió el proceso de deterioro institucional que vive su país tras años de concentración de poder, debilitamiento judicial y represión política. González denunció cómo el aparato legal ha sido utilizado como instrumento de persecución, y cómo la independencia judicial ha quedado subordinada al poder ejecutivo. Frente a este panorama, ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional, y en particular a los juristas, a no permanecer indiferentes y a contribuir activamente en la restauración democrática venezolana.

Durante la inauguración del foro, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó el respaldo "firme e inequívoco" de la capital española al presidente legítimo de Venezuela y a la causa democrática de su pueblo. "Madrid será siempre un refugio para la democracia liberal", afirmó. Destacó que el compromiso con la legalidad, los derechos humanos y la seguridad jurídica son parte esencial de la identidad madrileña. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos a la gobernabilidad democrática, el edil reivindicó el papel de Madrid como lugar de acogida, reflexión y defensa activa del modelo liberal constitucional.

La Cumbre responde, según ha explicado Almeida, a dos vocaciones esenciales de la capital española: ser la ciudad europea con mayor vínculo histórico, cultural y jurídico con Iberoamérica, y consolidarse como uno de los pocos enclaves del mundo donde aún se protege sin ambigüedades el sistema de libertades y garantías constitucionales.

"No solo queremos ser una ciudad competitiva económicamente, sino también un referente internacional de libertad y seguridad jurídica", ha afirmado. Ese liderazgo, añadió, no se basa en cifras o rankings, sino en valores compartidos y en el respeto al Derecho.

El evento también ha servido para destacar el papel del Colegio de la Abogacía de Madrid, que con más de 75.000 colegiados es la mayor institución profesional de Europa. Su implicación activa en asuntos iberoamericanos no se limita a esta Cumbre: el ICAM alberga además la Corte Internacional de Arbitraje Iberoamericana (CIAM-CIAR), que ofrece un mecanismo especializado de solución de controversias para empresas y Estados del espacio iberoamericano, proyectando desde Madrid un modelo jurídico sólido, moderno y con vocación transnacional.

Asimismo, los debates han puesto sobre la mesa otras cuestiones clave para la región: el fortalecimiento de la gobernanza democrática, la necesidad de consolidar el Estado de Derecho como condición para el desarrollo sostenible, y el impulso a alianzas estratégicas como el Tratado Unión Europea-Mercosur, al que se identificó como una oportunidad histórica para vertebrar una comunidad económica y política más cohesionada. Temas como las infraestructuras, la transición energética y la ciberseguridad también estuvieron presentes, abordando desde el Derecho los grandes retos de las sociedades contemporáneas.

La Cumbre Iberoamericana sobre el Estado de Derecho ha sido, en definitiva, un espacio de encuentro entre juristas, políticos, académicos y representantes de la sociedad civil, comprometidos con la defensa de la democracia y el imperio de la ley. En palabras del propio González Urrutia, "la reconstrucción institucional requiere del coraje de los ciudadanos, pero también del apoyo firme de la comunidad internacional". Y en ese desafío, Madrid ha dejado claro que no piensa mirar hacia otro lado.