Preocupación en el sector legal por el auge de plataformas online que ofrecen servicios jurídicos sin garantías sobre Segunda Oportunidad

El crecimiento de plataformas digitales que ofrecen servicios jurídicos, especialmente en el ámbito de la Ley de Segunda Oportunidad, ha encendido las alarmas en el sector legal español. Diversas fuentes del ámbito jurídico advierten de los "graves problemas y verdaderos dramas" que estas plataformas están provocando entre ciudadanos económicamente arruinados y emocionalmente vulnerables.

La principal crítica se dirige al hecho de que muchas de estas webs operan sin contar con abogados ni profesionales cualificados, a pesar de estar ofreciendo servicios que la legislación reserva en exclusiva a la abogacía. Se presentan como soluciones "mágicas" accesibles desde un simple buscador 'online', atrayendo a quienes, en situaciones desesperadas, buscan una vía rápida y sencilla para resolver sus problemas económicos.

El resultado, denuncia, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, "en muchos casos, el servicio ofrecido es incompleto, defectuoso o, directamente, inexistente". "Las personas afectadas, que han confiado sus escasos recursos a estas plataformas, se ven doblemente perjudicadas: sin solución a su situación y con una profunda sensación de engaño. La falta de transparencia contractual y la opacidad en los procesos acentúan el problema", dijo en el marco de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, celebradas en Jerez.

Un negocio que se alimenta de la ruina

Más allá de la precariedad del servicio, preocupa especialmente el modelo económico de estas plataformas, que llegan a exigir pagos de entre 1.000 y 3.000 euros —o cuotas mensuales— a personas ya en situación de insolvencia. Según denuncias del sector, algunas operan incluso con sistemas de cobro por porcentaje, incentivando el aumento de la deuda del cliente para obtener mayores beneficios.

A esto se suma el uso de publicidad engañosa, a veces protagonizada por rostros famosos, que refuerza la falsa promesa de una solución fácil, rápida y garantizada.

El combate contra este tipo de intrusismo profesional se ha convertido en una carrera de obstáculos. Al no estar ejercido por abogados colegiados, los colegios profesionales no tienen capacidad para sancionar deontológicamente a estas plataformas. Además, el carácter volátil de estas sociedades, que desaparecen y reaparecen con nuevos nombres, complica cualquier acción legal. Las páginas web cambian de forma constante, dificultando también la identificación de publicidad engañosa.

El fenómeno se consolida como un "sector en expansión", con nuevos riesgos derivados del uso de tecnologías como la inteligencia artificial, que podrían facilitar la automatización y multiplicación de estos servicios sin supervisión legal alguna.

Factores que agravan el problema

Entre los factores que alimentan este escenario, los abogados apuntan a la complejidad de la legislación concursal, especialmente para pequeños autónomos y comerciantes, y a la dificultad de obtener información clara sobre costes en el asesoramiento tradicional. Frente a ello, las plataformas digitales ofrecen precios fijos, aunque muchas veces irreales o encubiertos, lo que resulta atractivo para quienes buscan soluciones urgentes.

Desde el colectivo de la Abogacía se reclama una actuación firme de las autoridades para frenar el intrusismo y garantizar que los servicios legales solo puedan ser ofrecidos por profesionales cualificados y sujetos a control deontológico. También se aboga por una reforma urgente de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y sus baremos, para asegurar una retribución adecuada al turno de oficio y, sobre todo, evitar que los más vulnerables queden expuestos a soluciones fraudulentas.

"El Derecho no puede convertirse en una mercancía digital sin garantías", alerta González". Y ha concluido que "la protección del ciudadano debe estar por encima de los modelos de negocio tecnológicos".

Los concursos de personas físicas no empresarias (Ley de Segunda Oportunidad) aumentaron en 2024 un 38,2% respecto al año anterior, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El total de concursos presentados en 2024 fue de 57.507, lo que representa un aumento del 35,5% respecto a 2023. Dentro de estos concursos, la mayoría (85%) corresponden a personas naturales sin actividad empresarial, con un incremento del 46,8%.