Durante años, España ha sido un destino atractivo para grandes patrimonios internacionales, sobre todo procedentes de América Latina, por una combinación difícil de igualar: calidad de vida, seguridad jurídica y ventajas fiscales para nuevos residentes. Ese contexto, sin embargo, está cambiando y evolucionando rápidamente.
El primer aviso fue la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado a finales de 2022, como una figura complementaria al Impuesto sobre el Patrimonio, con tipos que alcanzan hasta el 3,5?% para patrimonios netos superiores a 10 millones de euros. Aunque se anunció como una medida extraordinaria, su prórroga en 2024 ha confirmado su vocación de permanencia. A esto se sumó la decisión del Gobierno de suprimir, a través del Proyecto de Ley de Vivienda, la posibilidad de obtener la residencia legal a través de la inversión inmobiliaria, hasta ahora uno de los principales atractivos del régimen conocido como "Golden Visa", especialmente valorado por inversores latinoamericanos. Y más recientemente, el Plan Anual de Control Tributario ha dejado otro mensaje claro: Hacienda intensificará la vigilancia sobre contribuyentes cuyo nivel de vida no encaje con sus ingresos o patrimonio declarado. Entre las medidas anunciadas, se prevé un mayor uso de fuentes externas de información (tarjetas, registros de consumo energético, redes sociales) y el cruce de datos para identificar indicios de simulación en la residencia fiscal o de ocultación patrimonial.
En este nuevo contexto, conceptos como "residencia fiscal efectiva" o "centro de intereses vitales" han adquirido una importancia clave, especialmente en el caso de grandes patrimonios con perfil internacional, en los que confluyen vínculos personales y económicos con distintas jurisdicciones. Ya no basta con acreditar una residencia formal en un país: las autoridades fiscales —también en España— analizan el conjunto de circunstancias que determinan dónde se ejerce realmente el control sobre el patrimonio y dónde se desarrolla la vida cotidiana. La Administración Tributaria ha dejado de limitarse a revisar cifras: ahora evalúa estilos de vida, vínculos familiares, ubicación de activos relevantes, hábitos de consumo e incluso la presencia física mediante datos bancarios o digitales.
Lo cierto es que la presión fiscal sobre grandes patrimonios y HNWI no deja de crecer. Pero más allá de las medidas concretas, lo relevante es el cambio de enfoque, ya no basta con declarar correctamente, ahora se espera que el estilo de vida, la residencia fiscal y la estructura patrimonial sean coherentes entre sí. Y si no es así, será difícil evitar el escrutinio.
Esto supone un cambio de paradigma que alinea a España con otros países de nuestro entorno, donde llevan varios años apostando por la transparencia, la sustancia económica y la coherencia entre lo declarado y lo real, exigiendo un mayor control a este tipo de contribuyentes. En muchos países del entorno europeo se observa un refuerzo de los controles sobre la residencia fiscal y la lucha contra la deslocalización artificial de patrimonios.
Todo esto obliga a replantear el modo en que se asesora y planifica en este tipo de perfiles, ya que las soluciones genéricas y las estructuras vacías han dejado de ser viables. En concreto, soluciones que han sido comúnmente empleadas en este ámbito, como holdings sin sustancia o estructuras domiciliadas en territorios de baja o nula tributación, se han convertido en señales de alerta más que en herramientas de planificación.
Este giro tampoco ha pasado desapercibido para el sector financiero. En paralelo, los principales bancos del país han comenzado a reorganizar sus divisiones de banca privada. Solo en las últimas semanas, Caixabank y Santander han anunciado nuevas unidades orientadas específicamente a grandes patrimonios y cliente internacional, con oficinas y equipos especializados. Anticipan lo que viene: estructuras más sofisticadas, clientes mejor informados y una demanda creciente de servicios integrados.
Y, sin embargo, pese a este nuevo escenario, España sigue siendo una opción muy atractiva para muchos patrimonios internacionales. Nuestra ubicación, el entorno legal, la amplia red de convenios internacionales suscritos por España y beneficios fiscales como el régimen de impatriados, el Régimen Beckham, o la exención para ETVEs siguen pesando mucho en la decisión de instalarse o invertir aquí.
Eso sí, lo que antes podía hacerse con estructuras simples o residencias formales, hoy exige mucho más. Cada vez es más importante contar con un asesoramiento que combine lo fiscal con lo societario, lo patrimonial con lo sucesorio, y que se ajuste realmente a la situación personal de cada cliente. Un enfoque integral que incorpore la planificación sucesoria, la movilidad internacional, los regímenes de transparencia fiscal internacional y el compliance como parte esencial de la estrategia.
En definitiva, ya no se trata solo de aplicar la norma, sino de anticipar cómo puede interpretarse, especialmente por parte de la Administración Tributaria. Construir estructuras sostenibles, que tengan sentido y estén bien documentadas, es hoy la base de un buen asesoramiento patrimonial. Y también la mejor forma de moverse con seguridad en un entorno que evoluciona con rapidez y exige un mayor nivel de preparación.