La Comunidad de Madrid recurre ante el Supremo la Ley de Eficiencia de la Justicia

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno Central para que evalúe el coste real de la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia y dote a las comunidades autónomas de la financiación necesaria. El Consejo de Gobierno autonómico conoció este miércoles el informe de la Abogacía General que avala esta acción legal.

El Ejecutivo regional presentó un requerimiento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el 10 de abril de este año por falta de financiación y desarrollo de la norma. Este fue desestimado, por lo que interpuso el recurso el 16 de mayo.

De acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, esgrime el Gobierno regional, el Estado está obligado, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas.

Esta obligación, añade, resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las medidas oportunas para sufragar y compensar esos costes.

Se trata de una ley aprobada sin contar con el Poder Judicial y sin las comunidades autónomas con las competencias en la materia transferidas que deben implantarla, denuncian desde la Comunidad de Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el coste en el primer año de la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia supondrá 44 millones de euros para sus arcas públicas, de los cuales casi la mitad se consolidarán en los ejercicios siguientes.