
La Abogacía demanda reformas estructurales en la justicia. En la Declaración Final de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno, la Abogacía pide la apertura de pactos de Estado que garanticen una justicia más ágil, eficaz y equitativa. Además, se ofrece como interlocutor activo y comprometido en la mejora del sistema jurídico, subrayando que "las leyes deben generar certidumbre" y ser fruto del consenso con todos los actores jurídicos.
Esta Declaración Final supone una hoja de ruta para la profesión que promueve un proceso de transformación de la justicia, junto con otros operadores, una defensa con firmeza de su función esencial, y un proceso para garantizar que los derechos de todos los ciudadanos se mantengan como piedra angular del sistema jurídico.
La Abogacía exige voz y voto en las nuevas instituciones de la Justicia Digital
Bajo el lema "Juntos Lideramos' , la Abogacía ha presentado un decálogo de prioridades para afrontar los desafíos estructurales de la Justicia, defender la profesión y fortalecer su papel como agente clave en la sociedad civil.
El presidente del Consejo de la Abogacía, Salvador González, ha señalado que: "La Abogacía debe seguir siendo un símbolo de responsabilidad, de defensa, de compromiso, de derechos y esperanzas. Estamos todos comprometidos y unidos con un mismo fin: la defensa y mejora de la Abogacía, de la justicia y del Estado de derecho". También, ha destacado la importancia de la unidad entre los colegios y juntas de gobierno de toda España para la defensa y mejora de la abogacía y el sistema de justicia.
"Es un punto de partida, que recoge el sentir y las propuestas de todos", aseguró la vicesecretaria general del Consejo, Marga Cerro, quien leyó la Declaración junto con el decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, Federico Fernández.
El papel esencial de los Colegios
El documento reivindica con firmeza el papel esencial de los Colegios y Consejos de la Abogacía como instituciones vertebradoras, arraigadas históricamente, legitimadas democráticamente y con una cercanía insustituible a los problemas reales. En tiempos de incertidumbre, aseguran ser un "generador de confianza social insustituible", no sólo para la profesión, sino para el conjunto del Estado de derecho.
La Declaración sitúa en primer plano la defensa del derecho de defensa y de la dignidad profesional. Se anuncia la puesta en marcha del Reglamento de Amparo Colegial y se respalda el Convenio para la Protección de la Abogacía del Consejo de Europa. También se subraya la inviolabilidad del secreto profesional como garantía constitucional, y se reclama una regulación más clara sobre los honorarios orientativos para tasación de costas y jura de cuentas.
Uno de los puntos más sensibles es la previsión social. Se exige al legislador una solución urgente y equitativa para los abogados mutualistas, en el marco del debate sobre el sistema de protección alternativo. La profesión pide ser escuchada durante la tramitación parlamentaria y reclama una pensión digna para quienes han cotizado por esta vía.
Asistencia jurídica gratuita
La Abogacía reivindica la asistencia jurídica gratuita como "símbolo y orgullo" de la profesión, pero exige medidas concretas: aumento y actualización de los baremos, pagos puntuales, inclusión de nuevas actuaciones y condiciones homogéneas en todo el territorio. Reclama también una nueva ley reguladora, consensuada con la profesión.
La mejora de la estructura colegial pasa por promover organizaciones más eficientes, inclusivas y comprometidas con la igualdad real. Se refuerza el apoyo a la Abogacía Joven, se apuesta por la conciliación, la corresponsabilidad y la paridad en cargos representativos.
La entrada en vigor de la LO 1/2025 de eficiencia procesal impulsa la apuesta por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). La Abogacía reclama el reconocimiento del trabajo negociador, especialmente en el Turno de Oficio, y exige que estos mecanismos no sean un obstáculo para los ciudadanos más vulnerables.
La transformación digital y la formación continua son ejes estratégicos. Sin embargo, se advierte que la tecnología no puede erosionar el derecho de defensa ni alejar la justicia de la ciudadanía. La Abogacía defiende una modernización inclusiva, sin brechas ni exclusiones.
Finalmente, el documento reafirma el compromiso con los valores del Estado de derecho, la democracia, la independencia judicial y los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
En la clausura de las Jornadas han participado, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que ha destacado el valor de la justicia, la identidad española y la necesidad de defender la democracia frente a los discursos de desafección. En su intervención, ha subrayado el papel de los profesionales del Derecho como agentes esenciales en la defensa del Estado de Derecho y los valores constitucionales.
En las Jornadas han participado cerca de 700 representantes de los equipos directivos de los Colegios de la Abogacía se han dado cita en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante dos días para abordar de manera conjunta los retos inmediatos. Ustedes son el instrumento humano de traducción simultánea de la idea de la Justicia en un sociedad democrática", ha concluido la presidenta del Consejo de Estado.
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