El Ministerio de Economía ha abierto el plazo de consulta pública previa -hasta el próximo 20 de enero- para un futuro Real Decreto que busca que en España se evite la adopción de normas que introduzcan requisitos injustificados o desproporcionados en la regulación del acceso y ejercicio de las diversas profesiones.
Este Real Decreto es consecuencia de la transposición de la Directiva 2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 28 de junio de 2018, sobre el test de proporcionalidad, cuyo plazo de transposición finaliza el 30 de julio de 2020.
La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, establece la obligación de los Estados miembros de evaluar la proporcionalidad de los requisitos que limitan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio y de comunicar a la Comisión los resultados de esa evaluación.
Sin embargo, este proceso de evaluación reveló una falta de claridad con respecto a los criterios que los Estados miembros debían utilizar para evaluar la proporcionalidad de los requisitos que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, así como un examen desigual de dichos requisitos en todos los niveles de regulación.
Ante esta situación la Comisión consideró que era necesario adoptar un marco analítico común, que pudieran aplicar por igual todos los Estados miembros, a los requisitos que limiten el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, en el momento de adoptar nuevas regulaciones profesionales o de modificar las existentes.
Con esta norma se trata de evitar la fragmentación del mercado interior, al tiempo que se eliminan barreras al acceso a determinadas actividades por cuenta propia o ajena, y a su ejercicio.
Mejores prácticas legislativas
El test de proporcionalidad está diseñado para respaldar las mejores prácticas regulatorias, y recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la proporcionalidad de los requisitos que restringen el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio.
Existen patrones distintos a la hora de llevar a cabo esta obligada evaluación
Las diferencias constatadas en las regulaciones de las profesiones entre Estados miembros acreditan la existencia de patrones distintos a la hora de llevar a cabo esta obligada evaluación de proporcionalidad.
El test, al estar contenido en una directiva, debe ser aplicado por todos ellos, lo que permitirá una menor dispersión en la aplicación del criterio de proporcionalidad y mejorará la movilidad de los profesionales en Europa, reduciendo los obstáculos injustificados o desproporcionados.
Estiman las instituciones comunitarias que en la medida en que los objetivos perseguidos por la Directiva no se pueden alcanzar de manera suficiente por los Estados miembros, pero sí que se pueden lograr a escala comunitaria.
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