TRANSPORTE

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la más antigua del sistema ferroviario español, arrastra una larga serie de incidencias operativas vinculadas al estado de sus infraestructuras eléctricas. Especialmente en los últimos meses, cuando los fallos en el sistema eléctrico han provocado interrupciones del servicio en distintos tramos de este corredor estratégico. El pasado año, Adif AV reconoció que las subestaciones eléctricas de tracción presentan “deficiencias operativas, por obsolescencia o versatilidad, significativas tras 30 años de servicio”, y en consecuencia, adjudicó un contrato de 38,7 millones para su reforma integral.

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Aunque Adif Alta Velocidad invierte cada vez más dinero en mantener la red ferroviaria, ese aumento no parece suficiente para seguir el ritmo de expansión de las líneas de ferrocarril en España. En 2024, la empresa pública destinó 637,7 millones de euros a conservación y en 2025 pretende incrementar esa cifra hasta los 681,3 millones, un 46% más que hace diez años, cuando se gastaban 465,5 millones a tener las vías en buen estado. En este período, la red de alta velocidad ha crecido en 834 kilómetros, hasta rozar los 4.000 —concretamente 3.977—; y el valor total de la infraestructura se ha incrementado en 2.338 millones, un 15%, al pasar de 15.500 a casi 18.000 millones de euros.

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El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes y a Aena que las particularidades económicas y territoriales del Archipiélago sean tenidas en cuenta ante la anunciada subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias prevista para 2026. Esta medida, la mayor desde la salida a Bolsa de Aena en 2015, supondrá un aumento de 68 céntimos por pasajero, con un impacto directo en la conectividad, el turismo y la vida diaria de los residentes canarios.

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Lisboa ha dado el primer paso para volver a privatizar su aerolínea estatal TAP. El Consejo de Ministros portugués aprobó este jueves un decreto-ley que abre el proceso con la venta de hasta el 49,9% del capital de la compañía aérea nacional, actualmente controlada en su totalidad por el Estado.

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Exceltur ha recortado su previsión de crecimiento del PIB turístico para 2025 del 4% al 3,3%, lo que supone una rebaja del 20% respecto a sus estimaciones de abril. Así lo anunció este jueves su presidente ejecutivo, Óscar Perelli, en la presentación del último informe de valoración empresarial correspondiente al segundo trimestre. Aunque el sector mantiene un tono positivo, las previsiones reflejan una ralentización progresiva de la actividad de cara a la segunda mitad del año.

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Uber refuerza su apuesta por la movilidad multimodal con un dato que confirma el cambio de hábitos de los viajeros españoles: la compra de billetes de tren a través de su aplicación ha aumentado un 40% en el último trimestre respecto a los tres meses anteriores. La compañía atribuye este crecimiento a una mayor demanda de comodidad, sostenibilidad y planificación integrada en los desplazamientos.

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El II Convenio Colectivo del Grupo Aena está listo para entrar en vigor. La Dirección General de Trabajo ha resuelto favorablemente el expediente de inscripción del acuerdo, después de que la compañía pública aeroportuaria haya subsanado las observaciones que el Ministerio formuló el pasado mes de junio, cuando detectó 24 deficiencias técnicas y de contenido en el texto pactado.

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La huelga intermitente de los controladores aéreos de Francia volvió a saldarse el pasado fin de semana con un colapso del tráfico aéreo europeo que afectó especialmente a España, el segundo país más perjudicado solo por detrás del propio territorio galo. Según datos de Eurocontrol, durante el pasado jueves 3 y viernes 4 de julio se produjeron más de 500.000 minutos de retraso —equivalente a un año completo— y se cancelaron más de 1.500 vuelos en Europa, impactando a más de 300.000 pasajeros.

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El Partido Nacionalista Vasco reclamó este martes al Gobierno central, controlado por el PSOE, que deje de obstaculizar la operación de compra del 29,7% de Talgo por parte del consorcio formado por la siderúrgica Sidenor, las fundaciones bancarias BBK y Vital y el Gobierno Vasco a través de su fondo público Finkatuz. La formación vasca denuncia que el Ejecutivo está poniendo trabas que dificultan el proceso de compraventa del fabricante de trenes, destinado a asegurar su arraigo en Euskadi.