El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes y a Aena que las particularidades económicas y territoriales del Archipiélago sean tenidas en cuenta ante la anunciada subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias prevista para 2026. Esta medida, la mayor desde la salida a Bolsa de Aena en 2015, supondrá un aumento de 68 céntimos por pasajero, con un impacto directo en la conectividad, el turismo y la vida diaria de los residentes canarios.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha subrayado que "la conectividad para Canarias no es un lujo, es una necesidad vital, que afecta a la vida diaria, al suministro, a la economía y especialmente al turismo, que es nuestro principal sector económico". Asimismo, ha recordado que tanto el Régimen Económico y Fiscal (REF) como el Estatuto de Autonomía reconocen medidas compensatorias para el archipiélago, entre ellas la bonificación de tasas aeroportuarias. "Una subida ahora sería un retroceso y nos aislaría aún más", ha advertido.
Rodríguez ha apuntado además que la experiencia previa con bonificaciones en las tasas ha favorecido la entrada de nuevas aerolíneas en el mercado, mejorando así la competitividad y la conectividad de las islas. La última en llegar ha sido la británica Jet2.com, que volará a La Palma a partir del próximo año. En este sentido, el Ejecutivo canario consultará al Gobierno central sobre si la subida será uniforme en todos los aeropuertos y, en caso afirmativo, reclamará que Canarias quede exenta o reciba bonificaciones específicas.
La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha insistido en que el proceso aún está abierto y que existe margen para defender los intereses del Archipiélago. "La decisión final no se tomará hasta septiembre, tras la evaluación del Consejo de Administración de Aena y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estamos a tiempo de evitar un agravio a Canarias y exigimos que la insularidad sea tenida en cuenta en todo este proceso", ha declarado.
La primera gran subida en diez años
La subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias, que entrará en vigor en marzo de 2026, responde al fin de un periodo de contención tarifaria vigente durante la última década. Esta ley limitaba la evolución anual de tarifas a un 0%, salvo ajustes puntuales para compensar incrementos en costes operativos no controlables, como energía o seguridad.
Con este ajuste, el precio medio por pasajero pasará de 10,35 euros a 11,03 euros, con un incremento de 68 céntimos que se desglosa en 45 céntimos por ingresos no percibidos en 2024 y 23 céntimos por la actualización del índice de costes operativos. La propuesta ya ha sido comunicada a las aerolíneas y está siendo supervisada por la CNMC, que emitirá un informe próximamente. La aprobación final dependerá del consejo de administración de Aena, sin pasar por el Consejo de Ministros.
Para Aena, las tarifas constituyen una fuente clave de ingresos, ya que no recibe aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado. En 2024, su negocio regulado generó 3.190 millones de euros de un total de 5.827 millones. Con un tráfico previsto de 320 millones de pasajeros para 2025 y mayores estimaciones para 2026, la subida podría aportar unos 218 millones de euros adicionales.
La subida ha generado críticas por parte de aerolíneas como Ryanair, que advierten del impacto negativo en la competitividad a largo plazo y que judicializaron los incrementos tarifarios de 2024 y 2025. La compañía presidida por Maurici Lucena defiende que las tarifas actuales son más bajas que en 2015, con una caída nominal acumulada del 7% y del 31% ajustada por inflación, mientras que el tráfico ha crecido en torno a un 50% desde entonces.
El alza de las tasas se produce coincidiendo con una nueva era de inversiones intensivas por parte de Aena, que prevé duplicar su ritmo de inversión anual, actualmente limitado a unos 450 millones de euros.
Entre los proyectos previstos destacan la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas, con un presupuesto de 2.400 millones, y la remodelación de Barcelona-El Prat, cifrada inicialmente en 3.200 millones. También se contemplan mejoras en aeropuertos con alto crecimiento, como Málaga, Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Valencia, Bilbao, Menorca, Tenerife y Lanzarote, entre otros.