El Partido Nacionalista Vasco reclamó este martes al Gobierno central, controlado por el PSOE, que deje de obstaculizar la operación de compra del 29,7% de Talgo por parte del consorcio formado por la siderúrgica Sidenor, las fundaciones bancarias BBK y Vital y el Gobierno Vasco a través de su fondo público Finkatuz. La formación vasca denuncia que el Ejecutivo está poniendo trabas que dificultan el proceso de compraventa del fabricante de trenes, destinado a asegurar su arraigo en Euskadi.
La formación jeltzale ha reclamado al Ejecutivo central que respete los compromisos alcanzados y no modifique de nuevo los términos del acuerdo, después de semanas de negociación que contemplaban la concesión de un préstamo convertible de 150 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según ha expresado el PNV, Moncloa ha dado marcha atrás a su propuesta y ha propuesto que el respaldo financiero se dividiera en dos, "de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes", según reconoce el partido liderado por Aitor Esteban. El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, habría descartado la propuesta gubernamental, según ha podido conocer elEconomista.es de fuentes próximas a la operación.
El consorcio liderado por Sidenor, junto al Gobierno Vasco y las fundaciones BBK y Vital, tiene pactada la compra de la participación por 153 millones de euros (4,15 euros por acción), un precio que inicialmente iba a subir a 5 euros por acción si se cumplían determinados objetivos financieros que ahora parecen inasumibles. El reparto pactado contemplaba que la siderúrgica, el ejecutivo regional y la fundación bancaria vizcaína pusieran unos 45 millones de euros cada uno, mientras el antiguo banco alavés aportaría otros 20 millones.
En consecuencia, desde el PNV denuncian que la operación está bloqueada por estas nuevas exigencias del Ejecutivo central, según anunció este lunes la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero. "Si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder", advirtió.
La operación cuenta con un importante respaldo financiero por parte del Estado. El crédito concedido por la SEPI, que se articulará como un préstamo convertible y subordinado, permitirá sanear el balance de Talgo, reforzar su solvencia y evitar el incumplimiento de ratios financieras. Este apoyo público es clave para que la empresa pueda seguir concurriendo a licitaciones internacionales, pese a que no supondrá una entrada directa de capital por parte del consorcio vasco en la propia compañía, ya que el dinero irá a los accionistas salientes.
Un incendio que no cesa
Uno de los principales escollos del proceso ha sido la gestión de la sanción de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo por los retrasos en las entregas de 30 trenes Avril. Esta penalización, que llevó al fabricante ferroviario a cerrar 2024 con unas pérdidas históricas de 107,9 millones, ha sido transformada en deuda a largo plazo con carencia hasta 2031. La operación ha sido cuidadosamente diseñada para evitar que Bruselas la considere una ayuda de Estado.
Con el préstamo público ya aprobado, el Ejecutivo exige ahora al consorcio vasco que replantee su fórmula de entrada en el capital de Talgo, lo que ha generado malestar en Euskadi. "Los acuerdos son para cumplirlos. No podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos", reprochó Vaquero. La portavoz recordó que detrás de esta operación hay "mucho trabajo, muchos cálculos y muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido".
La planta de Talgo en Rivabellosa (Álava), de la que dependen 700 familias, es uno de los principales motivos del interés vasco en garantizar el arraigo territorial del fabricante. Desde el Gobierno Vasco, el lehendakari Imanol Pradales ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con la operación, y confía en su cierre pese a las complicaciones técnicas, jurídicas y políticas.
Además de resolver el conflicto de la sanción de su cliente, los pretendientes de Talgo han tenido que hacer frente a la renegociación de la deuda financiera de Talgo, que supera los 400 millones de euros, y que estaba pendiente de recibir el visto bueno de una quincena de entidades, entre ellas BBVA, Santander y el Banco Europeo de Inversiones. La banca, que exigió mayor aportación de recursos propios para seguir adelante, considera que el crédito de la SEPI solventaban el principal obstáculo.
En paralelo, Talgo mantiene sus compromisos de fabricación con Deutsche Bahn, DSB y Flix, pero ha decidido suspender sus previsiones para 2025 debido a la incertidumbre sobre sus propietarios, los retrasos en la entrega de pedidos y los problemas de financiación derivados del contexto actual.