Las importantes novedades que ha traído la última semana al desarrollo del tardo proceso independentista catalán sitúan por vez primera al Estado tomando la iniciativa de los acontecimientos. El riesgo que asumía el gobierno al presentar un recurso previo contra un hecho jurídico aún no sucedido, con el dictamen contrario del Consejo de Estado, ha sido reconocido por el propio presidente al que seguro estos días se le habrá acentuado el rictus de seriedad y preocupación que todos conocemos. Pero era un riesgo necesario, en vista de los resultados del envite.

El presidente del Gobierno parecía a mediados de semana tener claros los pasos para actuar ante el nuevo desafío que los independentistas han diseñado contra el Estado. Mariano Rajoy dijo el miércoles que no se podía actuar hasta que hubiera un hecho jurídico recurrible. La sorpresa fue importante para todos cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría compareció ante los medios el jueves anunciando lo contrario.

La crisis inverosímil que el prófugo Carles Puigdemont está provocando en media Europa parece poner a prueba la capacidad de sorpresa de los ciudadanos y de las instituciones de este Viejo Continente, anquilosado y torpe de movimientos como un elefante. El desafío que una sola persona puede llegar a protagonizar contra todo un sistema judicial resulta tan increíble como la respuesta que desde países de nuestro entorno se está dando a esta situación rocambolesca y vergonzosa.

No ha habido unanimidad en el análisis sobre la primera jornada importante de la nueva etapa que se abre en Cataluña. Se han mezclado como en un vaso de cóctel las visiones pesimistas sobre la sesión de constitución del Parlament y las más optimistas, las que han creído ver una continuación sucedánea del desafío a la legalidad y las que quieren interpretar en las palabras del nuevo presidente de la cámara una moderación en los planteamientos del independentismo.

Nada más efectivo a pocas horas de un nuevo intento dudosamente legal que contrastar los mitos con la realidad. La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado la sentencia que aclara al fin, ocho años y medio después de empezar las investigaciones en torno a las mordidas en el Palau de la Música, por qué el partido de Pujol, Mas y Puigdemont emprendió la senda del independentismo radical apoyado en decisiones ilegales. No sabemos lo que harán Puigdemont y el resto de huidos de la justicia en las próximas horas, pero sí conocemos ya lo que hay detrás del argumento central de su campaña por la independencia de Cataluña: quien robaba a los catalanes no estaba lejos de la Diagonal.