Nada más efectivo a pocas horas de un nuevo intento dudosamente legal que contrastar los mitos con la realidad. La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado la sentencia que aclara al fin, ocho años y medio después de empezar las investigaciones en torno a las mordidas en el Palau de la Música, por qué el partido de Pujol, Mas y Puigdemont emprendió la senda del independentismo radical apoyado en decisiones ilegales. No sabemos lo que harán Puigdemont y el resto de huidos de la justicia en las próximas horas, pero sí conocemos ya lo que hay detrás del argumento central de su campaña por la independencia de Cataluña: quien robaba a los catalanes no estaba lejos de la Diagonal.
El argumento que defiende las responsabilidades de Convergencia Democrática como fruto de otra época y de otro partido distinto se da de frente contra la realidad. Es cierto que con el escrito de los jueces queda sentenciada la época de Mas y de Pujol, pero en los años en los que el 4% era moneda de curso legal, el ex alcalde de Gerona y ex presidente de la Generalitat era destacado miembro de aquel partido, al que contribuyó a liquidar para enmascarar su pasado de corrupción.
La mejor forma de tapar aquellas comisiones que engordaban las arcas de CdC fue abrazarse en septiembre de 2012 a la ola popular de descontento que fue convertida de inmediato en reclamo político contra Madrid, el rompeolas de todos los ataques.
La sentencia por lo demás demuestra algo que en el actual momento político y mediático resulta complicado referir: que ha habido casos de corrupción en algunos otros partidos que no son el del gobierno. Unos señores que dirigían una entidad cultural pública recaudaban el dinero de las comisiones a cambio de que se adjudicaran obras públicas a determinada empresa, pasaban una parte suculenta al partido y otra parte se la quedaba ellos para disfrutar de una jubilación dorada. Lo que tantas veces hemos visto y escuchado, aunque la denuncia haya sido casi siempre unidireccional.
Queda demostrado que también otros, además del PP, han concurrido a las elecciones dopados con dinero de origen inconfesable. Aunque con CdC pocas veces se haya empleado ese argumento en la batalla política. Para ir un poco más lejos aún, el heredero de ese partido ahora condenado ha tenido imputados en sus listas electorales, tiene presos preventivos y electos fugados y con órdenes de detención a sus espaldas.
Y la condena que ahora se le impone no es por una disculpable responsabilidad civil subsidiaria o por haber disfrutado del dinero de forma pasiva sin conocer el delito que es objeto de sentencia. La condena es por corrupción, por ingresar dinero en cajas escondidas, dinero que ahora deben devolver por orden judicial.
No ha habido un enorme interés, ni político ni cualquier otro, por investigar durante estos años las corruptelas en el nacionalismo catalán. Los votos de sus diputados eran atractivos para conformar mayorías en el Congreso, y en el ámbito periodístico eran más suculentas otras investigaciones dirigidas a personajes con más cartel que los siempre bien reputados nacionalistas catalanes.
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