Dos formaciones políticas como Ciudadanos y Podemos han aparcado sus diferencias notables y han buscado un punto en el que sus intereses coinciden: los cambios que entienden sería necesario aplicar en la Ley Orgániza del Régimen Electoral General, la conocida y pocas veces bien ponderada LOREG. De entrada, resulta conveniente y aplaudible que en estos tiempos de encanallamiento político se busquen puntos comunes y se dejen de lado los puntos de fricción. Bien por tanto por Rivera a Iglesias.
Los matices sobre lo que proponen son, sin embargo, muy notables. La queja principal del Partido Socialista, verdadero destinatario de esta oferta política lanzada a dos bandas, es que ya existe una subcomisión en el Congreso que está trabajando para comprobar en qué aspectos se debe mejorar la ley existente para que la proporcionalidad y el reparto de escaños según los votos obtenidos sea más justa. Las ideas deben proponerse en ese foro parlamentario, entienden los socialistas, que difícilmente van a entrar en una emboscada que le perjudicaría objetivamente en sus resultados electorales, o al menos no le beneficiaría como a sus otros dos vecinos recién llegados.
La aceptación del sistema electoral proporcional y en base a la regla D'Hont que se dio España en la Transición a la democracia supone aceptar los resultados que ese mismo sistema arroje al abrirse las urnas. Repetir una y mil veces que los resultados son injustos no resuelve la injusticia, más bien debería advertirse antes de la equivocada regla que reparte los escaños por circunscripciones. A toro pasado es nostálgico, pero infructuoso protestar contra todo y contra todos.
Los números no engañan, y los beneficios que Ciudadanos y Podemos obtendrían con el sistema que plantean son tan significativos que cambiaría el panorama del Congreso de forma radical en esta legislatura, o los resultados recientes de Cataluña con un triunfo insuficiente de una fuerza constitucionalista.
En la medida en que tengan cintura, podrán aceptar otras propuestas que a buen seguro pueden plantear fuerzas políticas distintas. Por ejemplo, el PP podría pedir en la negociación que en los Ayuntamientos, las Comunidades e incluso en las elecciones generales la victoria en número de votos permita formar gobierno al ganador de los comicios. Si buscamos la justicia de un mejor reparto de escaños según los votos, ¿por qué no completarla a algo tan justo como que gobierne quien gane las elecciones?. Veríamos entonces si realmente se trata de una mejora general de la ley, o de la búsqueda de unos réditos concretos para partidos concretos.
Tampoco han avanzado los ponentes una reforma que lleva años convertida en objeto de deseo de muchas plataformas ciudadanas y sociales: las listas abiertas para concurrir a las elecciones de forma que el votante pueda elegir o descartar nombres concretos sobre los que deposita o no deposita su confianza. Tal vez los parlamentos serían muy distintos a los actuales si esta medida se incluyera en la reforma.
Ciudadanos y Podemos plantean por lo demás cuestiones que sorprende no estén aún registradas en el ordenamiento jurídico, como la obligación de que se organicen dos debates al menos en televisión entre los candidatos a la presidencia del gobierno, o la regulación diferente del voto de residentes en el extranjero, muy lamentablemente denominado voto rogado.
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