La Ley de Seguridad Interior en México aprobada en diciembre de 2017, ha generado una extraordinaria controversia y un activo movimiento ciudadano en contra (#LeyGolpista o #SeguridadSinGuerra). Pese a las críticas, el objetivo de la propuesta puede ser considerado positivo. Se trataba de regular la actuación de las fuerzas armadas en su lucha contra el crimen organizado, tanto para garantizar los derechos ciudadanos ante la actuación de los militares, como para proporcionar respaldo legal a dichas fuerzas de seguridad en el desempeño de estas tareas policiales. El problema es que, finalmente, la ley aprobada no ha logrado el objetivo. No sólo eso: esta ley debería de formar parte de un proceso de transformación más amplio y complejo de las fuerzas armadas para adaptarlas a la realización de tareas policiales, proceso que sin embargo no se ha llevado a cabo.