En 2023, el Gobierno de España introdujo un gravamen temporal para los años 2023 y 2024, dirigido a aquellos que calificasen como operadores principales en los sectores energéticos. Esta medida buscaba reforzar el "pacto de rentas" y mitigar el impacto de los altos precios de la energía en los hogares y las empresas, en un contexto inflacionista que lo pretendía justificar, como medida de interés general.