Podemos, ERC y PDeCAT no apoyan la moción por 'electoral'

La regla de gasto no desaparecerá para los ayuntamientos con superávit, tal y como pretendía la proposición de ley de Unidos Podemos, pero sí se flexibilizará. Cuánto y en qué condiciones deberán deteminarse a lo largo de la tramitación parlamentaria que se iniciará hoy con la admisión a trámite de un texto que contará con el respaldo del PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes. PP y Ciudadanos votarán en contra.

El endurecimiento del discurso de ERC, volviendo a apostar por una independencia unilateral si el Estado no se aviene a negociar, complica y mucho la puesta en libertad de Oriol Junqueras. La nueva línea dinamita la estrategia judicial del exvicepresidente de la Generalitat, que ayer mismo, en un nuevo recurso contra su situación de prisión provisional, descartaba que hubiera riesgo de reiteración delictiva porque su apuesta es la legalidad y la vía del diálogo. El 4 de diciembre, el instructor de la causa contra el procés en el Supremo, Pablo Llarena, decidió mantener a Junqueras en prisión porque no consideraba acreditado que su cambio de voluntad, acatando el 155 y rechazando la unilateralidad, fuera "verdadero y real". El giro de su partido, por lo tanto, desmiente a su líder y deja en evidencia su recurso cuando afirma que "la realidad es que el escenario político actual es de acatamiento del 155 [...] y el de la propuesta de escenarios de diálogo y resolución bilateral de conflictos".

Los compromisos que el Reino Unido ha tenido que asumir para desatascar las negociaciones del Brexit han puesto de manifiesto la gran mentira sobre la que se sustentó el referéndum del 23 de junio de 2016: que la salida de la UE no solo no tendría coste alguno para los británicos, sino les sería muy beneficiosa. Un argumento, el de que es posible una secesión a coste cero -o incluso muy lucrativa-, que aún mantiene el independentismo catalán, a pesar de que ya se sienten los perjuicios del 1-O y la DUI.

La Carta Magna es uno de los objetivos predilectos de los ataques de populistas e independentistas contra lo que despectivamente califican como el Régimen del 78. En su relato, la norma se presenta como un instrumento utilizado por los poderes fácticos del Estado para impedir que salgan adelante los proyectos alternativos que realmente representan a la ciudadanía. Pablo Iglesias, de hecho, llegó a referirse a ella en 2014 como "el candado del 78".