La Carta Magna es uno de los objetivos predilectos de los ataques de populistas e independentistas contra lo que despectivamente califican como el Régimen del 78. En su relato, la norma se presenta como un instrumento utilizado por los poderes fácticos del Estado para impedir que salgan adelante los proyectos alternativos que realmente representan a la ciudadanía. Pablo Iglesias, de hecho, llegó a referirse a ella en 2014 como "el candado del 78".
Los partidos que encarnan ambas posiciones utilizan dos momento para deslegitimar el texto. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 recortó el Estatut de Cataluña. En segundo término, la reforma exprés del artículo 135 que, en 2011, constitucionalizaba el principio de estabilidad financiera.
El nacionalismo catalán defiende la idea de que la sentencia contra el Estatut rompió el consenso constitucional. Tras el fallo, Jordi Pujol habló de que se había producido "una ruptura política y de proyecto, un engaño ético y una humillación colectiva". Así, los 14 artículos anulados -de un total de 223, más 22 disposiciones adicionales- justifican, según el relato nacionalista, que la norma ya no vincula a Cataluña y les habilita la ruptura con España.
Podemos, que comparte la interpretación nacionalista, añade que con la reforma exprés del artículo 135 PP y PSOE excluyeron del acuerdo constitucional al resto de fuerzas políticas. El año pasado, de hecho, Pablo Iglesias explicó su ausencia en los actos de conmemoración de la Carga Magna en que era "una tomadura de pelo" que tras cambiar el artículo 135, populares y socialistas estuvieran "encantados de ir a un cóctel a celebrar la Constitución".
La urgencia de la reforma, impulsada por el Gobierno de Zapatero con el apoyo del PP, se explica por la asfixiante presión de los mercados y de la UE a España por la situación de sus cuentas públicas y por el riesgo cierto de tener que solicitar el rescate financiero.
La de 2011 es la segunda reforma introducida en la Carga Magna. La primera, de 1992, no planteó ninguna polémica. Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en modificar el artículo 13.2 -que regula los derechos de los extranjeros en España- para permitir que los ciudadanos comunitarios pudieran ser elegidos en las elecciones municipales, como exigía el Tratado de Maastrich.
