El Supremo cree que impulsó la pasividad de los 'Mossos' el 1-O
El Supremo cree que impulsó la pasividad de los 'Mossos' el 1-O
El martes no fue un buen día para los intereses judiciales de los imputados por el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el 'procés'. La presión ejercida por Carles Puigdemont y los suyos para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se saltara el Reglamento y las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional y aceptara una investidura telemática, refuerza las sospechas del juez de la voluntad de reincidir en la omisión de la ley y las resoluciones judiciales de los dirigentes independentistas. Y certifica, además, su acierto imposibilitando la reelección de sus líderes.
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El absurdo permanente en el que el independentismo ha instalado a la política catalana ha obligado al Estado a enfrentar un sinfín de situaciones que desbordan las previsiones del ordenamiento jurídico y ante las cuales no existe una respuesta precisa, sino la que, aunando pericia y determinación, sean capaces de dar el Gobierno y los tribunales.
Dos reflexiones a raíz del recurso del Gobierno contra la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont para el debate de investidura en Cataluña. La primera: el Ejecutivo yerra con su impugnación 'preventiva' y, legalmente, se expone a un nuevo revés -tras el del Consejo de Estado- que en nada ayuda políticamente al constitucionalismo.
Oficialmente es el candidato a president del independentismo, pero lo cierto es que las opciones de Carles Puigdemont de volver a ocupar el Palacio de Sant Jaume son prácticamente nulas. Los dirigentes de JxCAT y de ERC lo saben, pero atrapados como están en la ficción del procés, alargan la mentira de su aspiración de restituir el "Govern legítimo" para forzar los errores del Estado o ganarle la batalla a su falso aliado político ante el electorado independentista.
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Se ha acusado al juez instructor de la causa contra el 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, de rechazar la reactivación de la euroorden contra Carles Puigdemont -aprovechando su viaje a Dinamarca- no en base a argumentos jurídicos sino políticos. Recordemos que el magistrado justificó su decisión en que el 'expresident' buscaba su propia detención para utilizarla para justificar su ausencia en su investidura y forzar la delegación de su voto.
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