El martes no fue un buen día para los intereses judiciales de los imputados por el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el 'procés'. La presión ejercida por Carles Puigdemont y los suyos para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se saltara el Reglamento y las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional y aceptara una investidura telemática, refuerza las sospechas del juez de la voluntad de reincidir en la omisión de la ley y las resoluciones judiciales de los dirigentes independentistas. Y certifica, además, su acierto imposibilitando la reelección de sus líderes.
Por otro lado, la violencia ejercida en la calle por los manifestantes que acudieron al Parlament convocados por la ANC confirma lo que apuntó Llarena en su auto del 12 de enero, cuando denegó a Junqueras la posibilidad de salir de la cárcel para asistir a la sesión constitutiva del Parlament. Entre otras razones, el juez rechazó el permiso porque consideraba que "afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con la garantía de que se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional, es algo que este instructor no percibe con la garantía que reclama el mantenimiento de la pacífica convivencia que precisamente justificó la adopción de la medida cautelar" (la prisión provisional).
En resumen, la realidad está avalando los pronunciamientos y las medidas adoptadas por el Supremo -así como las de Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional-, tachadas en muchos casos de excesivas o desproporcionadas. En concreto, es necesario destacar que ha desaparecido la extrañeza inicial que causó la calificación de los hechos como un delito de rebelión -que exige la presencia de un "alzamiento violento y público"-. Imágenes como las que ayer se vieron en los exteriores del Parlament son elocuentes. El discurso de odio y crispación sembrado por los cabecillas del 'procés', sumado a las permanentes llamadas a la movilización callejera, es el germen de la deriva agresiva y violenta de algunos. Y Puigdemont y los suyos lo sabían y lo azuzaron.
Tampoco ha debido agradar a las defensas de los investigados las declaraciones de los testigos que estos días están compareciendo ante el Supremo y que apuntan a que el Govern era consciente de que estaba adentrándose en una grave ilegalidad. En este sentido, es especialmente grave lo revelado por el exdirector de los Mossos, Albert Batlle, que cesó con la entrada del exconseller Joaquim Forn en el departamento de Interior. Según lo testificado ante Llarena, Forn le transmitió que su objetivo principal al entrar en la Conselleria era "facilitar" la celebración del 1-O. La irresponsabilidad de haber coqueteado con situar a la policía autonómica catalana al lado de la ilegalidad, sin duda, tendrá reflejo en la sentencia que se dicte contra los impulsores del 'procés'. Y explica, además, el hecho de que Forn sea uno de los cuatro imputados que permanece en prisión preventiva, junto a Oriol Junqueras y 'los Jordis'.
