Oficialmente es el candidato a president del independentismo, pero lo cierto es que las opciones de Carles Puigdemont de volver a ocupar el Palacio de Sant Jaume son prácticamente nulas. Los dirigentes de JxCAT y de ERC lo saben, pero atrapados como están en la ficción del procés, alargan la mentira de su aspiración de restituir el "Govern legítimo" para forzar los errores del Estado o ganarle la batalla a su falso aliado político ante el electorado independentista.
Con Puigdemont huido de la Justicia -y con una orden de detención vigente en caso de que pise territorio español- y Oriol Junqueras en prisión provisional, el separatismo tiene a sus dos grandes líderes fuera de juego. Tras ellos, el abanico de opciones a presidir la Generalitat es reducido. La causa que sigue el Supremo contra el procés ha provocado una desbandada en las filas independentistas, ya sea en forma de abandonos como en forma de renuncias a ocupar puestos clave.
Ante este escenario, emerge la figura de Elsa Artadi, directora de la campaña del 21-D de JxCAT y número diez en la lista por Barcelona. Para la opinión pública, Artadi era prácticamente una desconocida hasta las últimas elecciones catalanas. Su papel destacado en las mismas puso de manifiesto la estrecha confianza que sobre ella depositaba Puigdemont. Ello, unido a que no se encuentra salpicada por la investigación que lleva a cabo el Supremo, la señalan como la dirigente con más opciones de ser señalada como la sucesora.
Artadi, de formación economista, se ha movido siempre en un segundo plano dentro de la política catalana. Fue incorporada a la Conselleria de Economía por Andreu Mas-Colell, en donde ocupó la Dirección General de Tributos y la Secretaría de Hacienda. Artur Mas se la llevó a Presidencia y allí fue en donde entró en el círculo cercano de Puigdemont.
Su baja del PDeCAT justo antes de integrarse en las listas de JxCAT la perfila como una convencida de la senda emprendida por Puigdemont, lejos de la voluntad de los neoconvergentes de moderar los ritmos del proceso separatista.
'El tapado'
Frente a la figura limpia de Artadi, fuentes cercanas al núcleo duro del independentista sugieren también el nombre del exportavoz del Govern, Jordi Turull, dirigente que asumió la portavocía de JxCAT en algunos de los debates electorales previos al 21-D.
Antes de entrar en el Gobierno de Puigdemont, Turull presidió el grupo parlamentario de Junts pel Sí, lo que le permitió trabajar codo con codo con la dirección de ERC. En su contra, sin embargo, corre la imputación por delitos de rebelión, sedición y malversación -entre otros- en la causa contra el procés que dirige el magistrado Pablo Llarena y que le valió pasar un mes en prisión preventiva en la cárcel de Estremera. Su situación procesal le obliga a mantener una actuación moderada, alejada de cualquier acto o decisión que pueda ser interpretado por el juez como un intento de reincidir en los hechos que se investigan, lo que provocaría su inmediato reingreso en prisión.
La probable candidatura de Artadi y la posible de Turull se alzan frente a las opciones descartadas de Jordi Sánchez y Marta Rovira. El exlíder de la ANC, en prisión desde mediados de octubre, aceptó acompañar a Puigdemont como número dos de su lista. Sin embargo, su situación de falta de libertad le impide participar en el debate de investidura.
Marta Rovira, número dos de Junqueras, ha sido descartada después de su mala actuación durante la campaña electoral. Eso a pesar de que el líder republicano manifestó desde prisión que ya iba "siendo hora en este país [Cataluña] que una mujer esté al frente". Recientemente, Llarena ha incluido a Rovira entre los imputados por el proceso separatista, aunque aún no ha sido llamada a declarar ante el Tribunal.
Relevos forzados
El proceso judicial ha actuado como una apisonadora en las filas independentistas. En este sentido es representativa la designación del republicano Roger Torrent -de tan sólo 38 años- como presidente del Parlament, un cargo de cierta carga honorífica, tradicionalmente reservado para políticos de larga trayectoria. Sin embargo, el temor a que la senda de Puigdemont extienda las imputaciones por rebelión -un delito castigado con hasta 25 años de cárcel- ha forzado a los separatistas a acelerar el ascenso de políticos jóvenes y cuya radicalidad no les haga temer las consecuencias judiciales de sus actos. Otros como Marta Pascal, Carles Mundó o Carme Forcadell han preferido retirarse de la política o alejarse de la primera línea.
