Los datos de los condenados en sentencia firme por delito fiscal empezarán a hacerse públicos el 11 de noviembre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes la Ley Orgánica 10/2015, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, norma que entrará en vigor en un plazo de dos meses.
La falsificación de varios documentos oficiales, cuando respondan a un mismo fin u objetivo delictivo, constituye un único delito de falsedad. El Tribunal Supremo (TS) rechaza la aplicación para estos supuestos de la figura del delito continuado, tal y como establece en la sentencia del 24 de julio de 2015.
La Sanidad es el sector económico que presenta mayor riesgo de cambios legislativos a corto plazo. Según el Índice Político de Riesgo (IPR), que elabora el Servicio de Inteligencia y Análisis Político de Llorente & Cuenta, el ámbito sanitario es el que, tras el análisis de las iniciativas parlamentarias del mes de agosto, cuenta con una mayor exposición a modificaciones regulatorias inmediatas.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, advirtió ayer a los partidos independentistas catalanes y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "al margen de la Ley no hay libertad, no hay democracia, sólo espejismos y, en definitiva, frustración".
El Senado aprobó ayer el nuevo sistema de valoración de daños y perjuicios a personas por accidente de tráfico. Un baremo que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y que actualiza el sistema vigente desde 1995.
El Gobierno quiere impedir que, a través de falsos centros de achatarramiento de vehículos, se proporcione documentación aparentemente legal a automóviles robados. Un fenómeno del que ha alertado la DGT, al descubrir, en algunos siniestros, la documentación de un vehículo dado de baja dentro de otro del que se había denunciado su sustracción.
Este martes comienza en el Pleno del Senado el debate para la aprobación de seis proyectos de Ley y tres proposiciones de Ley Orgánica, que forman parte de la treintena de textos legales que el Gobierno quiere sacar adelante antes de que acabe la legislatura. Un maratón legislativo que coincide con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, cuyo debate comenzó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
No explicar adecuadamente la documentación aportada para justificar un despido colectivo, aunque ésta sea la correcta, puede ser suficiente para que un tribunal considere no probadas las causas alegadas, y, por tanto, para calificarlo como contrario a derecho, según determina una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de 20 de mayo de 2015.
El Gobierno estima que la implantación del sistema de cierre electrónico de empresas permitirá un ahorro de 91 millones de euros, por la reducción de gasto en cargas administrativas, además de una notable simplificación y rebaja del tiempo dedicado a estos trámites.
El representante de la comunidad de herederos, al carecer ésta de personalidad jurídica, no puede equipararse a la figura del administrador o el directivo en las sociedades mercantiles. Por tanto, la conducta desleal del representante, no permite la aplicación de las causas legales de exclusión de los socios que recoge la Ley de Sociedades de Capital.