Marcha atrás a la decisión judicial de bloquear el servicio de Telegram en España en cuestión de 72 horas. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rectificó este lunes su decisión de suspender el servicio de la plataforma tras reconocer que es “desproporcionada” y puede causar daños profesionales y económicos a los usuarios que la utilizan al perder datos de índole laboral, interrumpir su actividad comercial con el consecuente perjuicio económico o cortar el sistema de organización de las empresas.