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La Guardia Civil registra la Federación de Fútbol y detiene a varias personas por corrupción

  • El Juzgado de Primera Instancia Nº. 4 también pide registrar la casa de Rubiales
  • La Federación ya fue registrada en septiembre por el 'caso Negreira'

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha registrado esta mañana la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por contratos irregulares en el último lustro, como, por ejemplo, el traspaso de la Supercopa de España a Arabia.

La organización también ha detenido a varias personas por corrupción y blanqueo de capitales. Entre estos están Tomás González Cueto, asesor jurídico externo y mano derecha de Luis Rubiales cuando era el presidente de la Federación. Además, también están Pedro González Segura, que, supuestamente, también intervino en el contrato de Arabia; José Javier Giménez, director de Recursos Humanos, y Ángel González Segura, hermano de Pedro y que está, presuntamente, también implicado en la trama La Cartuja. Y como investigados están Jota Jiménez y Ramón Caravaca.

La operación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 4 de Majadahonda (Madrid) que investiga presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.

La actuación de la UCO, apoyada por la Europol, no se reduce solo a Madrid, sino que se está actuando en distintas provincias, como, Málaga, Granada y Sevilla. "En este contexto, se procederá a realizar la entrada y registro en 11 domicilios, así como a la ejecución de Requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas", explican a este periódico fuentes cercanas al proceso. La casa de Granada de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, también será investigada por la UCO por presuntas irregularidades en contratos. Rubiales se ha librado de su detención gracias a que se encontraba en República Dominicana.

Todo esto salta cuando la Federación había convocado esta tarde a la Comisión Gestora con el objetivo de determinar el calendario electoral. Esta reunión era el pistoletazo de salida para las elecciones a la presidencia, cargo que de momento ocupa Pedro Rocha; sin embargo, ha sido desconvocada hasta nueva orden. Desde la Federación esperan tener presidente antes del comienzo de la Eurocopa de Alemania 2024.

El caso de la Supercopa

El conflicto se remonta a 2022 cuando Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) presentó una querella en este mismo juzgado por administración desleal y corrupción en los negocios. El magistrado exigió a Rubiales y al exfutbolista, Gerard Piqué, que presentaran el contrato por el que se trasladaba la Supercopa de España a Arabia Saudí.

A raíz de esta querella, la Fiscalía ya estuvo investigando. De hecho, como ya adelantó este periódico, el informe de Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) demuestra que la empresa de Piqué, Kosmos Football, es el agente de la Federación y actuó de intermediario entre la compañía de Arabia, Sela Sport, y la Federación.

El acuerdo entre Sela y Piqué se firmó en septiembre de 2019. La competición está compuesta por seis temporadas e implicaba el pago de una comisión de cuatro millones por cada una de ellas. En el documento de la IGAE remitido al juez, que firma el fiscal jefe José M. Alonso, se señala que "el importe a percibir por Kosmos Football como una tarifa de éxito era de 4 millones de euros".

Más registros

No es la primera vez que la Federación ha estado en el punto de mira de la Guardia Civil. En septiembre del año pasado, la policía registró durante 11 horas la sede de la RFEF por el caso Negreira. La finalidad de esto era encontrar pruebas sobre el verdadero rol de Negreira en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), ya que, presuntamente, había recibido pagos de hasta 7,6 millones de euros entre 2001 y 2018 por parte del FC Barcelona.

El juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción Nº.1 de Barcelona, consideraba que el Comité premiaba los colegiados que hubieran beneficiado al club culé. Según las investigaciones, solo aquellos árbitros que favorecían los intereses del club blaugrana se mantenían en Primera División y tenían la opción de arbitrar fuera de España.

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