Nueva actualización en el caso Negreira. El juez Joaquín Aguirre del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona considera que hay delito y ha imputado al FC Barcelona por cohecho como adelantó El Debate. Además, han sido imputados José María Enríquez Negreira, a su hijo, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por valor de más siete millones durante veinte años es un delito de cohecho que "se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos", reza la resolución del juez.
Un delito de cohecho es cometido por funcionarios, sin embargo, el juez se ha apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo alegando que Negreira "desempeñaba funciones públicas" pues su labor era decidir que colegiados ascendían a Primera o descendían a Segunda. Además, de calificar a los árbitros. De hecho, el auto dicta que "la RFEF tiene el carácter de persona jurídico-pública, a pesar de que sea llamada entidad privada, ya que desempeña unas funciones de naturaleza pública (la regulación de las competiciones de futbol). Por tanto, ejercía funciones públicas en cuanto Vicepresidente de uno de los Comités Técnicos de la RFEF".
Según el auto de juez, "los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual", pues una vez Negreira dejo el cargo, los pagos dejaron de efectuarse. Asimismo, el juez ha pedido tener acceso a todas las comunicaciones, ya sea por correo o mensajes, entre los árbitros y la Federación en relación con Negreira y su hijo. Además, ha requerido el informe del departamento de integridad de la RFEF que entregó a la UEFA sobre este caso.
Registro de la RFEF
Esta mañana la Guardia Civil ha registrado la Federación por el caso Negreira en busca de documento y archivos. El instructor del caso considera que el Comité premiaba los colegiados que hubieran beneficiado al club culé. Según las investigaciones, sólo aquellos árbitros que favorecían los intereses del club blaugrana se mantenían en Primera División y tenían la opción de arbitrar fuera de España, adelantaba la Cadena Ser.
