Madrid
Marcha atrás a la decisión judicial de bloquear el servicio de Telegram en España en cuestión de 72 horas. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rectificó este lunes su decisión de suspender el servicio de la plataforma tras reconocer que es "desproporcionada" y puede causar daños profesionales y económicos a los usuarios que la utilizan al perder datos de índole laboral, interrumpir su actividad comercial con el consecuente perjuicio económico o cortar el sistema de organización de las empresas.
Joaquín Muñoz, socio de Protección de Datos de Bird & Bird, indica a este diario que de todas las medidas que podría haber tomado el magistrado, probablemente esta es bastante desproporcionada. "Por intentar atajar o paralizar un delito que se pudiera estar cometiendo dentro de la plataforma, se cortan todas las funcionalidades que no tienen por qué estar afectadas por esos intercambios de enlaces o de contenido ilegal", señala.
Muñoz explica que este tipo de medidas se pueden tomar siempre que cumplan con el criterio de proporcionalidad que tiene que tener tres características: de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sí misma. "Es decir, que se utilice la medida más proporcional para lo que se quiere conseguir e idónea para que sea efectiva con el resultado que se pretende. En este caso, tanto la idoneidad como la proporcionalidad en sí misma estaban mal ponderadas", añade al respecto.
No obstante, el socio descarta que la decisión de bloquear Telegram en España no implicaría que se vulnerara ningún derecho de los usuarios. "Si un juez determina que una plataforma es ilegal, al usuario no le queda otra que no utilizar ese servicio. La clave es que la decisión esté bien fundamentada y sea proporcional", apunta.
Pedraz deja entrever en su auto que la decisión de ordenar el bloqueo de Telegram es que la red, a diferencia de otras plataformas como pueden ser Youtube, Facebook, Instagram o X, protege de manera más férrea la privacidad de sus usuarios siendo más difícil su identificación. "Son más que múltiples usuarios de todo tipo los que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos beneficios que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una amparada privacidad", dice el juez. Y añade que estos usuarios aceptan que no se lleven a cabo las garantías necesarias para la protección de derechos de terceros con el intercambio de datos personales. "En definitiva, cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad", incide el magistrado.
Esta misma mañana, el juez pedía a la Comisaría General de Información que elabore un informe para conocer más en profundidad que es Telegram, como funciona y, sobre todo, que impacto podría tener en los usuarios si se suspende temporalmente su uso.
El origen del conflicto
El conflicto se remonta al pasado viernes, cuando Pedraz ordenaba suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería. Una denuncia de Mediaset, Atresmedia y MovistarPlus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor hacía saltar todas las alarmas.
Justo 24 horas después, el juez volvía a hacer un comunicado. El sábado pidió a las telecos de España que "suspendieran el acceso a Telegram en un plazo de tres horas, como medida temporal", explicaba Pedraz en un comunicado de la Audiencia Nacional. El magistrado se vio obligado a tomar esta decisión porque las autoridades de las Islas Vírgenes no cooperaban. Desde la Audiencia se les solicitó información para identificar a los titulares de las cuentas de Telegram que estaban involucrados, presuntamente, en la violación de los derechos de propiedad intelectual.
Todo este tema ha suscitado un dilema. ¿Se debe legislar de manera intensiva las redes o liberalizarlas? El profesor de OBS Business School y Experto en estrategia digital en Gartner, Martín Piqueras, asegura que "el cierre de Telegram sería una medida eficaz, pero no eficiente a medio y largo plazo, puesto que aquellos que quieran hacer un uso ilícito pasarán a otras plataformas menos conocidas".
