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Air Europa recurrió a la 'trama Koldo' después de haber pedido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intermediar con Venezuela para lograr la repatriación de 200 millones de dólares (unos 185 millones de euros) de una venta de billetes que no se pudo recuprar tras la prohibición de sacar dinero del país. Es algo que ha llamado la atención de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, según consta en un informe fechado el pasado 2 de febrero.

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, vuelve apuntar hacia el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama. Un auto al que ha tenido acceso elEconomista.es señala que "Aldama ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional". Además, el juez destaca que Aldama no ha declarado el IRPF desde 2015.

Roman cierra el 2023 con una facturación de 19,4 millones de euros, un 20% más que el anterior ejercicio fiscal. No obstante, esta cifra de ingresos no incluye la reciente adquisición de Villafañe y Asociados, pues su materialización se consolidará durante este año. La consultora de comunicación encadena ya cuatro años consecutivos con incrementos superiores a dos dígitos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido información sobre un total de 350 cuentas y depósitos bancarios de los implicados en la trama Koldo y el supuesto pago de comisiones a cambio de la venta de mascarillas durante la pandemia. Según consta en los informes policiales que figuran en el sumario, la UCO ha pedido información a un total de 30 bancos y entidades financieras, entre las que figuran Santander, Caixabank, BBVA, Abanca, Unicaja, Bankinter y Deutsche Bank, entre otros.

Caso Koldo

El caos y las irregularidades en la gestión de la pandemia empiezan a salir a la luz. En marzo de 2020, y con una crisis sanitaria sobre la mesa, el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que tomar decisiones rápidas, por lo que se optó por utilizar los contratos por vía de emergencia. Este mecanismo está limitado a acontecimientos catastróficos u otras situaciones que pongan en peligro la defensa nacional. La declaración del Estado de Alarma, en marzo de 2020, abrió la puerta a este tipo de adjudicaciones que no están sujetas a los requisitos formales de la legislación, lo que permite evitar los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. Pero, ¿todo vale?

El ministerio de Sanidad evitó el control y fiscalización de gran parte de los contratos adjudicados por la vía de emergencia durante la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha detectado que, bajo la gestión de Salvador Illa al frente de la cartera, hay numerosas adjudicaciones que se otorgaron para hacer frente a la crisis saltándose la obligación legal de informar de forma previa a la Intervención Delegada, con lo que se impidió que pudiera haber un control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El 'caso Koldo' amenaza con hacer saltar por los aires las principales estructuras del Estado, acechando ya a cuatro ministerios -Transportes, Sanidad, Interior y Política Territorial-; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al menos, a dos empresas públicas -Adif y Puertos del Estado- e incluso al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avaló el rescate a Air Europa mientras su mujer, Begoña Gómez, recibió patrocinios de la aerolínea. Y eso después, además de que la aerolínea, según la Guardia Civil, pagara comisiones a la trama a cambio de traer las mascarillas por vía aérea desde China.

La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha detectado un pago del grupo Globalia al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en la trama de comisiones del caso Koldo, de 157.300 euros. Según la UCO, Aldama "podría haber facilitado la firma de dos contratos entre Soluciones de Gestión y dos sociedades del grupo Globalia (Air Europa y Global Broker Services), lo que habría supuesto al mismo, según la información tributaria analizada, unos ingresos de 3,65 millones".

Pedro y Alberto. Dos personas de máxima relevancia que aparecen en el último auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre el pago de comisiones a la trama de Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas al ministerio de Transportes, gracias a la intermediación de Koldo García, acabaron en Brasil, Portugal y Luxemburgo. Según un informe de la UCO, que figura en el sumario del caso, y al que ha tenido acceso elEconomista.es, Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama, transfirió el dinero a una cuenta abierta en Brasil en el Banco Itau a nombre de la sociedad Suro Capital Brasil Participacoes. El objetivo, según la UCO, no era otro que "dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero".