El 'caso Koldo' amenaza con hacer saltar por los aires las principales estructuras del Estado, acechando ya a cuatro ministerios -Transportes, Sanidad, Interior y Política Territorial-; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al menos, a dos empresas públicas -Adif y Puertos del Estado- e incluso al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avaló el rescate a Air Europa mientras su mujer, Begoña Gómez, recibió patrocinios de la aerolínea. Y eso después, además de que la aerolínea, según la Guardia Civil, pagara comisiones a la trama a cambio de traer las mascarillas por vía aérea desde China.
En los informes policiales que aparecen en el sumario, al que ha tenido acceso elEconomista.es, se desvela como la trama ingresó 54 millones de euros gracias al pago de comisiones y la intermediación no solo de Koldo García, el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sino, según los investigadores, incluso también de este último. Óscar Puente, el actual titular de la cartera, ha encargado una auditoría de los contratos de Adif y Puertos del Estado con la trama, pero, según ha detectado la UCO, Koldo García se reunió en noviembre de 2023 en el restaurante La Chalana con Jesús Manuel García Gómez, actual subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible en el ministerio. Y no fue el encuentro con un alto cargo porque poco después mantuvo otra reunión con Vicente Calzado Téllez, director general de Emfesa, una sociedad pública vinculada también a Transportes. Otras empresas públicas, como Correos, Tragsa o Renfe también adjudicaron contratos irregulares, según el Tribunal de Cuentas, aunque en su caso al margen de la trama.
Pero son muchos más los implicados o que puedan llegar a estarlo. Salvador Illa, ministro de Sanidad en 2020 y actual líder del PSC, ha negado en todo momento que hubiera contratado a la trama, mostrando su disposición total a colaborar con la justicia y acudir, si se le cita, a la comisión de investigación en el Congreso. No obstante, según publicó la Agencia Efe, hay un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares que señala que Soluciones de Gestión, la empresa ligada a Koldo García, fue contratada por el Ministerio de Sanidad para la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia de covid-19.
El organismo de fiscalización balear realizó un informe sobre todas las adquisiciones de mascarillas y otros materiales sanitarios por parte del ejecutivo de las islas en 2020, en el que analizó entre otros el contrato de 3,7 millones de euros por casi 1,5 millones de mascarillas con Soluciones de Gestión.
Al analizar los datos de esa empresa y tras consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Oficina Anticorrupción balear constató que la empresa, ahora bajo sospecha contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia. A la espera de cómo evoluciones la investigación, Illá utilizó en cualquier caso la vía de emergencia para dar contratos que no estaban ligados con la crisis, según señaló el Tribunal de Cuentas.
La implicación de Interior
La empresa ligada a Koldo García logró del mismo modo también contratos con el ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente. Tras ser cuestionado por ello por la UCO, el ministerio ha alegado, no obstante, que lo hizo porque necesitaban mascarillas y Soluciones de Gestión estaba ya trabajando para Transportes.
Entre los ministros que están también bajo sospecha figura Ángel Victor Torres, titular de Política Territorial y presidente en 2020 del Gobierno de Canarias. El Servicio Canario de Salud adjudicó hasta 12 millones de euros a la empresa ligada al asesor de Ábalos y, según la Guardia Civil, además de que las mascarillas entregadas eran defectuosas, "el importe que finalmente se abonó (...) no concuerda ni con las actas de entrega ni con la factura proforma presentada por Soluciones".
Asimismo, también está implicada en la trama Francina Armengol, expresidenta del Gobierno de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, que además de contratar a la trama la avaló ante el ministerio de Sanidad pese a saber que las mascarillas que había encargado eran defectuosas.
Según consta en el sumario, el Gobierno de Baleares emitió un certificado presentado ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) el 12 de agosto de 2020 en el que aseguraba que Soluciones de Gestión le había suministrado de "manera satisfactoria", mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros. El documento se envió pese a que esta empresa había entregado un material defectuoso y Armengol lo sabía desde dos meses antes.