La socialista Francina Armengol, expresidenta del Gobierno de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, avaló a la 'trama Koldo' ante el ministerio de Sanidad pese a saber que las mascarillas que había encargado eran defectuosas.
Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el Gobierno de Baleares emitió un certificado presentado ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) el 12 de agosto de 2020 en el que aseguraba que Soluciones de Gestión le había suministrado de "manera satisfactoria", mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros. El documento se envió pese a que esta empresa, que está siendo investigada por el supuesto pago de comisiones a Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, había entregado un material defectuoso y Armengol lo sabía desde dos meses antes.
El Centro Nacional De Medios De Protección (CNMP) había advertido al Ejecutivo de Armengol de que las mascarillas de Soluciones de Gestión no cumplían "con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2", por lo que las autoridades sanitarias de las islas procedieron a comunicar a los centros dependientes "la retirada de estas mascarillas y su almacenamiento hasta que se tomen las medias oportunas".
El Gobierno de Armengol no reclamó el importe de las mascarillas suministradas hasta tres años después, en 2023, cuando la Fiscalía Anticorrupción había destapado ya las presuntas irregularidades. La reclamación, de hecho, se formalizó el mismo día en el que Margalida Prohens era investida presidenta, antes del traspaso de carteras.
Presiones de Ábalos
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el propio Ábalos habría presionado por petición de su asesor, Koldo García, para que se retirara la reclamación.
De hecho, la última reunión entre ambos se produjo hace apenas mes y medio, el pasado 10 de enero en la marisquería La Chalana. En esa reunión, que fue descubierta por la Guardia Civil, Koldo García le habría pedido a Ábalos que intercediera en el caso y, de hecho, el exministro de Transportes, le habría tranquilizado, manifestándole que era algo que "no tiene recorrido jurídico".
