La Dirección General de Fondos Europeos del actual Gobierno balear del PP, liderado por Marga Prohens, ha ordenado anular la certificación europea del gasto de las mascarillas fraudulentas compradas por parte del Ejecutivo anterior de Francina Armengol (PSOE) a la empresa vinculada al 'caso Koldo' y que se pagaron con fondos europeos Feder. Este hecho supondrá no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea, pero sí que se descuenten de futuros pagos.
Así lo ha adelantado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que ha explicado que el Ejecutivo balear sigue así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder. El expediente iniciado, ha señalado, se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica.
"Hay riesgo de parálisis de futura financiación con fondos Feder", ha advertido Antoni Costa, que ha criticado los "cambios de versiones" del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que primero decía que las mascarillas eran defectuosas y ahora sostiene que se podían utilizar.
Además, Antoni Costa ha adelantado que la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, demandará a título individual a Negueruela por "involucrarla con falsedades" en la trama, en referencia a unas declaraciones en el pleno del Parlament, donde afirmó que estaba al corriente del procedimiento por sus cargos.
Según el relato del conseller, el 24 de abril de 2020 se hizo el pedido de mascarillas, que se abonaron rápidamente a su recepción. Tras pedir el análisis de la partida a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ib-Salud recibió los resultados que constataban que las mascarillas eran defectuosas, por lo que se ordenó su retirada y almacenaje.
El 20 de noviembre de ese mismo año la Dirección General de Fondos Europeos verificó el pago y determinó que el gasto de 3,7 millones era elegible en su totalidad en el contexto de los Fondos Europeos. En el expediente estaba el albarán de recepción y la factura, pero no los resultados de los análisis, dice Costa, extremo que habría imposibilitado contemplar el gasto como elegible.
Más tarde, el 11 de diciembre, el Ib-Salud reclamó la financiación con Fondos Feder y la Dirección General seleccionó el pago y lo certificó el 20 de diciembre.
Sin embargo, entre abril y junio de 2021, siguiendo el relato del conseller, técnicos de Fondos Europeos visitaron el almacén y constataron que las mascarillas existían, pero desconocían que eran defectuosas porque no contaban con los análisis de Trabajo.
El IbSalut saliente no comunicó la investigación
Por su parte, el anterior equipo de la Conselleria de Salud y el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no comunicó a los gestores entrantes del Govern del PP que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave de la trama del caso Koldo.
Así lo ha explicado el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, en una rueda de prensa en la que ha exhibido el voluminoso tomo del traspaso de competencias, enfatizando que en él no se hace ninguna mención específica a esta investigación a pesar de que el Govern ya tenía constancia de ella desde 2022.
En detalle, según ha expuesto, fue en julio de 2022 cuando la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Govern y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive.
Ureña ha resaltado que, a partir de esa fecha, no consta "ninguna actuación más" por parte del Govern hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor, Manuel Palomino, anunciaba a la empresa medidas porque las mascarillas no cumplían con las características esperadas. El director general del IbSalut ha puntualizado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.
"Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente", ha recalcado Ureña. Tampoco consta que el IbSalut diera aviso a la Abogacía de la Comunidad por la visita de la Guardia Civil.
