El ministerio de Sanidad evitó el control y fiscalización de gran parte de los contratos adjudicados por la vía de emergencia durante la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha detectado que, bajo la gestión de Salvador Illa al frente de la cartera, hay numerosas adjudicaciones que se otorgaron para hacer frente a la crisis saltándose la obligación legal de informar de forma previa a la Intervención Delegada, con lo que se impidió que pudiera haber un control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en su último informe 152 contratos adjudicados por los ministerios de Sanidad, Agricultura, Asuntos Económicos, Consumo, Hacienda, Seguridad Social, Industria, Trabajo, Transición Ecológica y Transportes. Y, tras ello, ha resaltado que el Ministerio de Sanidad "es el que tiene, con notable diferencia, el mayor peso, tanto por el número de contratos celebrados (52,6 % del total) como por el importe adjudicado (el 97%)". Y el problema, según dice, es que en el 34% de las licitaciones "no ha quedado acreditado en los expedientes que se diera cumplimiento a la obligación de dar cuenta a la Intervención Delegada". Y en otro 27%, además, la comunicación se realizó de forma muy posterior, con lo que ya no tenía sentido alguno.
Irregularidades
El Tribunal señala que hay hasta 14 adjudicaciones por parte de Sanidad en las que no se informó a la Intervención General de la Administración del Estado, más allá según admite en su informe de que esta pudiera tener conocimiento de forma posterior del gasto, y otros 29 más en las que la comunicación se realizó de forma muy posterior al inicio de las actuaciones y de la adjudicación de los contratos, con lo que carecía ya de sentido.
La legislación deja claro que las distintas administraciones están obligadas a dar cuenta en el mismo momento en el que se inicia el contrato a la Intervención Delegada correspondiente, algo que no ocurrió en Sanidad. En las alegaciones presentadas, el ministerio que encabezaba Salvador Illa pone especial énfasis en la falta de personal teniendo en cuenta las dificultades ocasionadas por la pandemia, pero el Tribunal de Cuentas responde que "no se considera justificado", insistiendo en la necesidad de haber informado en los formatos previstos para la correcta fiscalización de los contratos.
Escrito de alegaciones
El propio Illa remitió un escrito al Tribunal de Cuentas de forma previa a la publicación del informe en el que declinó dar explicaciones personales al respecto, remitiéndose a las alegaciones que ya había presentado el ministerio. Esta misma semana, en una rueda de prensa, se ha mostrado no obstante tajante ante la posibilidad de que se le cite en la comisión de investigación en el Congreso a raíz del caso Koldo y el supuesto pago de comisiones a cambio de las adjudicaciones para la compra de mascarillas.
"¿Usted cree que tendré algún problema en comparecer? Colaboración siempre, transparencia máxima e implacable contra la corrupción", sentenció el actual líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, que, recordó, acudió ante las cámaras legislativas hasta en de 22 ocasiones para dar explicaciones.
"Hay que llegar hasta el final", remarcó, insistiendo en que le cuesta entender "que personas, en situaciones difíciles, se aprovechen de ello". En declaraciones a RNE el pasado jueves, insistió asimismo en que su ministerio no contrató los servicios de la firma ligada a Koldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. "No salió ni un solo euro del ministerio hacia esta empresa, ni Ábalos ni nadie que yo conozca intercedió al respecto", afirmó, al tiempo que recalcaba que tiene "la conciencia absolutamente tranquila".
A pesar de ello, de los 80 contratos de emergencia adjudicados por Sanidad bajo su gestión durante el año 2020 y fiscalizados ahora por el Tribunal de Cuentas, el 35% presentan irregularidades. El exministro de Sanidad llegó a utilizar la vía de emergencia abierta tras la declaración del Estado de Alarma durante la pandemia del coronavirus para realizar adjudicaciones, que según el Tribunal, no tenían nada que ver con la crisis sanitaria.
Vía de emergencia
Hay, por ejemplo, una adjudicación para la prestación de servicios de consultoría estratégica, gestión de redes sociales y apoyo al gabinete de comunicación, "sin que en el expediente ni en el contrato haya quedado justificada vinculación alguna con la atención a la crisis sanitaria ni otras razones que avalaran la emergencia, sino más bien con razones organizativas de orden interno".
Y no fue el único. Hay también otro sobre un informe para las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja en el que tampoco se acompaña con un documento justificativo y un tercero, adjudicado por la Agencia Española del Medicamento, por valor de 99.853 euros, para obras de reforma de la zona del comedor que presenta también "debilidades en la justificación de la emergencia".
