El caos y las irregularidades en la gestión de la pandemia empiezan a salir a la luz. En marzo de 2020, y con una crisis sanitaria sobre la mesa, el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que tomar decisiones rápidas, por lo que se optó por utilizar los contratos por vía de emergencia. Este mecanismo está limitado a acontecimientos catastróficos u otras situaciones que pongan en peligro la defensa nacional. La declaración del Estado de Alarma, en marzo de 2020, abrió la puerta a este tipo de adjudicaciones que no están sujetas a los requisitos formales de la legislación, lo que permite evitar los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. Pero, ¿todo vale?
Empresas que no eran solventes y que no cumplían con el objeto social, como Hyperin, una empresa de yesos, sin ni siquiera facturación, creada en 2019 y que logró contratos para la venta de mascarillas y productos sanitarios, están ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
El juez Ismael Moreno está investigando la presunta corrupción en tres contratos de la empresa Soluciones de Gestión, que habría pagado comisiones por la intermediación a Koldo García, asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Aunque la investigación comenzó en 2021, el PP presentó una denuncia en marzo de 2022, en la que incluía no solo a Soluciones de Gestión, sino también otras seis más, incluyendo a Hyperin. Los populares quieren ir mucho más allá y señalan que "cuando Ábalos fue sustituido como ministro es porque algo debía de saber Sánchez".
El PP pidió a la Fiscalía Anticorrupción investigar a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en concreto, por un contrato de 24,2 millones por parte del Ministerio de Transportes para suministrar mascarillas y otro por 12,5 millones, adjudicado por Adif para lo mismo. La denuncia resalta que esta empresa con sede en Zaragoza no tenía los conocimientos necesarios. "No parece que su actividad tenga relación con el objeto del contrato, ni relación con China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas", se asegura. De hecho, su objeto social, según el Registro Mercantil, es la prestación de servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento técnico.
Pero no fue el único caso en el que ocurrió algo parecido. El ministerio de Sanidad, cuyo titular era Salvador Illa, dio contratos de emergencia a empresas que no tenían nada que ver con el ámbito sanitario. Entre los adjudicatarios, además de Soluciones de Gestión y del fabricante de yesos Hyperin, hay empresas de cosmética, del sector alimentario e incluso del tecnológico.
Para surtir de respiradores, Sanidad recurrió a dos empresas: Quevedos Strategy e Hyperin Grupo Empresarial. Con la primera de ellas se firmó un contrato el 23 de marzo mediante el cual se compraron 850 respiradores. Esta empresa guipuzcoana se dedica a la consultoría de Inteligencia Competitiva Transaccional y su actividad más común es la filtración de bases de datos, según está reflejado en el Registro Mercantil. El importe comprometido se pagó por adelantado y fue de 15,4 millones, lo que permitió a la compañía disparar tanto su facturación como sus ganancias a cierre de 2020. En concreto, Quevedo multiplicó su beneficio por nueve, hasta 159.491 euros y sus ingresos pasaron de 352.727 euros en 2019 a 13,7 millones gracias a ese contrato.
La directora de Farmacia, Patricia Lacruz, suscribió asimismo un contrato para la entrega inmediata de 144 respiradores con la empresa madrileña Hyperin Grupo Empresarial, una firma que se dedica a la fabricación de yeso para la construcción. El valor de la operación fue de 3,3 millones de euros por adelantado, pero una semana después de que este se formalizara, la empresa se puso en contacto con Sanidad para decirle que no podía cumplir con el pedido.
Hyperin no presenta sus cuentas anuales desde 2019, cuando se constituyó, y no tenía ningún tipo de ingreso ni beneficio cuando logró ese contrato. Con Javier de Juan Roncero Martín como administrador único, solo contaba, además, con un empleado. En su denuncia, el PP se pregunta "como es posible que se adjudique un contrato de tal importancia para salvar vidas a una empresa cuyo objeto social no tiene nada que ver con el objeto del contrato, se adelante la totalidad del importe y no se haya conseguido el reintegro de la totalidad del mismo". Además, agregan que "el hecho de que por parte de los Ministerios no se hubiese seguido el procedimiento mínimo exigible, incluso en una situación de emergencia ha tenido como consecuencia que los contratistas no hayan cumplido con el suministro y se haya tenido que proceder a intentar el reintegro de los fondos adelantados".
Mascarillas y más
Uno de los contratos más importante que se firmó fue con FCS Select Products para suministrar tanto mascarillas como guantes y gafas de protección, que está siendo investigada también por la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por el Partido Popular.
Esta empresa catalana se dedica a la importación, exportación y distribución de productos relacionados con la alimentación, así como a elaborar contenido de marketing. Sanidad realizó tres contratos para que la empresa trajera más de 500 millones de mascarillas, diez millones de guantes y 150.000 gafas de protección por algo más de 263 millones de euros. En 2019 —último ejercicio fiscal del que hay datos— esta empresa había obtenido una cifra de negocio de 1,14 millones y un resultado de 65.350 euros. Así, FCS recibió contratos por un valor 275 veces superior a su facturación. Esta sociedad, que tiene una sede en China, tenía como administradora a Mayra Dagá Castillo, que, según publicó en su día El Confidencial, fue condenada por un delito de estafa agravada en 2016 por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra de sociedades con problemas financieros y su posterior vaciamiento.
En la misma demanda, el PP informa sobre la habilidad de FCS para reorientar su objeto social y alegan que "la explicación puede guardar relación con la amistad de los administradores de la sociedad con el entonces ministro de Sanidad, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal de Illa y de la que fue alcalde".
Otro de los proveedores de Sanidad fue Interpharma, una empresa que se dedica a elaborar productos de dermocosmética. Fue esta compañía la gran protegida del ministro Salvador Illa durante las numerosas ocasiones en las que se le preguntó por su nombre, ya que fueron los responsables de traer los test rápidos que no disponían de la sensibilidad necesaria para detectar al coronavirus.
El contrato lo realizó directamente el Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Farmacia. En él se explica que Interpharma sería la responsable de suministrar los test de China después de que el Gobierno adelantara el 35% del pago del total de 17 millones de euros, algo más de 7,1 millones. La empresa devolvió el dinero el 17 de abril. Las cuentas presentadas por Interpharma en 2020 reflejan una facturación de 3,2 millones, un 10,3% más que el año previo. Además, en el año de la pandemia, la compañía abandonó los números rojos y cerró el año con unas ganancias de 160.827 euros.
Solvencia en las cuentas
La denuncia interpuesta por los populares señala también a Member of the Tribe. Con esta empresa, Sanidad firmó contratos que ascendían a 9,4 millones para obtener 52 millones de mascarillas y 92 millones de guantes de nitrilo. Member está registrada como una empresa de comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado, y figura en disolución desde febrero de 2022. Según el Registro Mercantil, en 2020 obtuvo unos ingresos de 3,8 millones y un resultado negativo de 3,4 millones.
Weihai Textile, también denunciada e investigada por la Audiencia, recibió un contrato valorado en 10,2 millones por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para el suministro de 500.000 batas desechables. En este caso, el PP puntualiza que las batas se adquirieron por un precio muy superior. Se compraron por 16,7 euros la unidad, cuando en otros contratos con empresas españolas el precio por bata rondaba los 0,3 euros.
Más allá de las empresas denunciadas, hay muchas otras en las que hubo también algún tipo de anomalía en las adjudicaciones. De los 80 contratos de emergencia dados durante el año 2020 por el ministerio de Sanidad y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, el 35% presentan, de hecho, irregularidades, según su último informe. Por ejemplo, el exministro de Sanidad llevó a cabo una adjudicación para la prestación de servicios de consultoría estratégica, gestión de redes sociales y apoyo al gabinete de comunicación, "sin que en el expediente ni en el contrato haya quedado justificada vinculación alguna con la atención a la crisis sanitaria ni otras razones que avalaran la emergencia, sino más bien con razones organizativas de orden interno".
Al margen de la crisis
No es el único contrato de consultoría por la vía de emergencia. Hay otro sobre un informe para las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja en el que tampoco se acompaña con un documento justificativo. También hay un contrato que fue adjudicado por la Agencia Española del Medicamento, por valor de 99.853 euros, para la modificación de la zona del comedor que presenta, según el Tribunal de Cuentas "debilidades en la justificación de la emergencia", teniendo en cuenta además que la ejecución se inició un mes después, saltándose los plazos límites que marca la normativa. En este caso también hay otros dos contratos en circunstancias similares.
Más allá de lo que pudo ocurrir en Sanidad, tras el estallido del caso Koldo y el presunto pago de comisiones en Transportes, Óscar Puente, actual ministro del ramo, ha ordenado la auditoría de las empresas públicas Puertos del Estado y Adif. El objetivo es esclarecer lo ocurrido en 2020 con la compra de mascarillas a través de contratos públicos. "Hemos contratado a la Inspección General de Servicios, un organismo independiente. Los contratos pueden estar bien y eso no excluye que haya personas que se lucraran de ellos y recibieran mordidas. Hay que distinguir lo que son los contratos de las comisiones", explicó Puente durante una rueda de prensa esta pasada semana. Y agregó que "hasta ahora sabemos que se repartieron 13 millones de mascarillas entre Adif y Puertos del Estado. Siendo Adif fue la entidad que pagó el precio medio más bajo por mascarillas, seguida por Puertos del Estado".
