El caso Koldo ha puesto todo patas arriba no solo en el Gobierno sino también en el Ministerio de Transportes. El actual propietario de la cartera de Transportes, Óscar Puente, ordenó ayer la auditoría de las empresas públicas Puertos del Estado y Adif. El objetivo es esclarecer lo ocurrido en 2020 con la compra de mascarillas a través de contratos públicos. "Para la auditoria hemos contratado a la Inspección General de Servicios, un organismo independiente y con funcionarios de carrera- su puesto no dependen del Gobierno-, según establece la propia legislación. Los contratos pueden estar bien y eso no excluye que haya personas que se lucraran de ellos y recibieran mordidas. Hay que distinguir lo que son los contratos de las comisiones", ha explicado Puente durante la rueda de prensa de esta tarde.
"Hasta ahora sabemos que se repartieron 13 millones de mascarillas entre Adif y Puertos del Estado. Los contratos fueron fiscalizados tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas", ha señalado Puente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no solo fiscalizó los contratos, sino que también llevo a cabo una comparación de precios de estas mascarillas. "Adif fue la entidad que pagó el precio medio más bajo por mascarillas, seguida por Puertos del Estado. Ambas fueron las organizaciones que compraron las mascarillas más baratas de todas las que compro la Administración General", ha puntualizado el ministro de Transportes. Además, ha querido resaltar que "todos en aquel momento recurríamos a quién conocíamos. No perdamos de vista el contexto que vivimos".
La denuncia del PP
La presunta trama de corrupción ha afectado, de momento, a 20 personas, entras las que se incluyen Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos durante su época de ministro. En marzo de 2022, el Partido Popular de Madrid presentó una demanda por las irregularidades de los contratos de emergencia derivados de la pandemia. El PP va "contra todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que pudieran ser responsables (...) por presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación de caudales públicos", dicta la denuncia.
La Fiscalía Anticorrupción ya alegó que hay indicios para abrir causa a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Durante la pandemia, una compañía que recibió un contrato de 24,2 millones por parte del Ministerio de Transportes para suministrar mascarillas y otra licitación por valor de 12,5 millones, adjudicado por Adif para suministrar cinco millones de mascarillas a la compañía. Además, la denuncia resalta que la empresa zaragozana "no parece que su actividad tenga relación con el objeto del contrato, ni relación con China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas". La compañía se dedica, según el Registro Mercantil, a servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento técnico.
La reacción de Ábalos
El PSOE le dio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, 24 horas para que abandonar su cargo como diputado. Sin embargo, Ábalos no ha cedido a las presiones del PSOE y ha anunciado que mantendrá su escaño como diputado y se irá al Grupo Mixto. "Si yo renunciara una semana después de que salte este escándalo, se vería como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo supondría mi estigmatización. Ya tengo una edad y sé lo que es un apestado político. Defenderé mi persona desde el Grupo Mixto. Quien me quiere ir a la calle por la puerta de atrás me tendrá que seguir mirando a la cara", explicó Ábalos en su comparecencia en el Congreso. Y ha agregado que "me estoy enfrentando solo a todo".
Ante esta situación, Puente ha aprovechado la ocasión para afirmar que "este Gobierno no va a cruzarse de brazos ante la corrupción y actuaremos caiga quien caiga. La situación es desgarradora, he vivido con Ábalos momentos decisivos para el partido y para el país. Nadie está acusando de corrupto a Ábalos, me cuesta mucho creer que 'metiera la mano'. Pero no es eso lo que estamos tratando, hablamos de responsabilidades políticas". Además, de poner como ejemplo a Josep Borrell y cuando abandonó su cargo.
Mientras tanto, el PSOE también ha tomado cartas en el asunto y ha decidido suspender cautelarmente a Ábalos como miembro del partido, por no entregar el acta de diputado y pasar al Grupo Mixto, según consta en la resolución tomada por la Ejecutiva Federal del PSOE y que firma Santos Cerdán. Ahora bien, contra esta decisión de la Ejecutiva se puede interponer recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de diez días hábiles. No obstante, Ábalos tiene cinco días "para hacer llegar al instructor del expediente los medios de prueba de los que pretende valerse en su defensa".
