Un mes ha tardado el Gobierno en desvelar los contratos por los que el Ministerio de Sanidad evitaba dar explicaciones. Ahora que han visto la luz se entienden las reservas de Salvador Illa, ya que la mayoría de los intermediarios que actuaron para traer el material son de sectores poco relacionados con la sanidad.
Empresas que fabrican yesos para la construcción, otras que se dedican a la alimentación, a la cosmética o, incluso, a depurar bases de datos, son algunas con las que contactó el departamento de Illa para hacer las compras.
Para surtir de respiradores, el grueso de estos productos se suscribió con dos empresas: Quevedos Strategy e Hyperin Grupo Empresarial. Con la primera de ellas se firmó un contrato el 23 de marzo mediante el cuál se compraron 850 respiradores. Esta empresa gipuzcoana se define como una consultoría de Inteligencia Competitiva Transaccional y su actividad más común es la filtración de bases de datos. El importe comprometido se pagó por adelantado y fue de 15,4 millones.
Dos días después, la directora de Farmacia, Patricia Lacruz, volvió a ir al mercado. En esta ocasión suscribió un contrato para la entrega inmediata de 144 respiradores con la empresa madrileña Hyperin Grupo Empresarial, una compañía que se dedica a la fabricación de yeso para la construcción y cuyo representante legal, según consta en el contrato, es Javier de Juan Roncero. El valor de la operación fue de 3,3 millones de euros por adelantado pero una semana después, el 2 de abril, la empresa se puso en contacto con Sanidad para decirle que no podía cumplir con el pedido. Roncero le ofreció a Sanidad otro tipo de respiradores pero el Ministerio los rechazó por no ajustarse a sus necesidades. Ahora, el Gobierno está a la espera de la devolución del importe adelantado pero los hospitales españoles se quedaron sin el material que necesitaba.
Dentro de la compra de mascarillas también hay empresas que no han estado muy vinculadas al sector sanitario, hecho que resulta extraño dentro de la cartera de proveedores que debería tener el ministerio. El contrato más importante se ha suscrito con FCS Select Products para suministran tanto este producto como guantes y gafas de protección. Esta empresa catalana se dedica a la importación, exportación y distribución de productos relacionados con la alimentación, así como a elaborar artículos de marketing para los mismos.
Sanidad realizó tres contratos para que la empresa trajera más de 500 millones de mascarillas, diez millones de guantes y 150.000 gafas de protección por algo más de 263 millones de euros. Esta empresa, que tiene una sede en China pero cuya página web se encuentra deshabilitada en estos momentos, parece que tuvo a una de sus administradoras salpicada por un caso con la justicia. Según publicó El Confidencial, una de las responsables se declaró culpable de un delito de estafa agravada en 2016.
Test sin sensibilidad
Otro de los intermediarios de Sanidad fue Interpharma, una empresa que se dedica a elaborar productos de dermocosmética. Fue esta compañía la gran protegida del ministro Salvador Illa en las muchas veces que se le preguntó por su nombre, ya que fueron los responsables de traer los test rápidos que no disponían de la sensibilidad necesaria para detectar al coronavirus.
Las cuentas presentadas hasta el año 2018 reflejan un beneficio de 37.421 euros frente a los 44.522 euros del ejercicio anterior y un patrimonio de la empresa de 3,8 millones. La página web está deshabilitada pero en el perfil que tiene en Linkedln asegura tener 60 empleados.
El contrato lo realizó directamente el Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Farmacia. En él se explica que Interpharma sería la responsable de suministrar los test de china mientras que, el Gobierno adelantó el 35% del pago del total de 17 millones de euros (algo más de 7,1 millones). La empresa devolvió el dinero el 17 de abril.
