Contradiciendo el tango de Carlos Gardel, veinte años es una eternidad para esperar la reforma de la llamada Ley de Mecenazgo. Pues constituye una necesidad tanto para las entidades dedicadas a actividades no lucrativas, como para personas físicas y sociedades que pretenden contribuir a una labor social, más allá de su propia responsabilidad social corporativa.
Cuando el Comité de Expertos de Reforma Fiscal le dedicó once propuestas al Impuesto sobre el Patrimonio, algo hacía sospechar que el Gobierno Central trataría de mermar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, sin mover una coma del Concierto Foral.
El Gobierno anunciaba la pasada semana la subida del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades a las empresas eléctricas, haciéndoles tributar al 30%, como en la actualidad lo hacen las entidades financieras y las sociedades de hidrocarburos. Esta medida en absoluto conseguirá una reducción del precio final que el consumidor paga por la electricidad, ya que una subida de la presión fiscal en un sector que opera en oligopolio nunca es asumida por el propio empresario. La elevación de los costes de producción a un oligopolista siempre se traslada, o bien hacia adelante –mediante una elevación del precio final de venta- y los usuarios de la electricidad son los que absorben ese encarecimiento. O, si la regulación del precio del sector no permite subir los precios, la traslación del coste del impuesto se realizará hacia atrás –provocando una reducción de salarios o destruyendo empleo-. En cualquier caso, la subida de cinco puntos sobre Sociedades no redundará en una reducción de los beneficios de las compañías eléctricas, y puede que, ni siquiera en un aumento de la recaudación si merman los beneficios del sector.