Profesora titular de Hacienda pública de la Universidad de Alcalá de Henares

El Gobierno anunciaba la pasada semana la subida del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades a las empresas eléctricas, haciéndoles tributar al 30%, como en la actualidad lo hacen las entidades financieras y las sociedades de hidrocarburos. Esta medida en absoluto conseguirá una reducción del precio final que el consumidor paga por la electricidad, ya que una subida de la presión fiscal en un sector que opera en oligopolio nunca es asumida por el propio empresario. La elevación de los costes de producción a un oligopolista siempre se traslada, o bien hacia adelante –mediante una elevación del precio final de venta- y los usuarios de la electricidad son los que absorben ese encarecimiento. O, si la regulación del precio del sector no permite subir los precios, la traslación del coste del impuesto se realizará hacia atrás –provocando una reducción de salarios o destruyendo empleo-. En cualquier caso, la subida de cinco puntos sobre Sociedades no redundará en una reducción de los beneficios de las compañías eléctricas, y puede que, ni siquiera en un aumento de la recaudación si merman los beneficios del sector.

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