Contradiciendo el tango de Carlos Gardel, veinte años es una eternidad para esperar la reforma de la llamada Ley de Mecenazgo. Pues constituye una necesidad tanto para las entidades dedicadas a actividades no lucrativas, como para personas físicas y sociedades que pretenden contribuir a una labor social, más allá de su propia responsabilidad social corporativa.
La normativa que regula las aportaciones realizadas a favor de la filantropía entró en vigor en 2002, y se puede afirmar, sin ningún género de dudas que en estas dos décadas, tanto la fisonomía de las entidades sin ánimo de lucro, como la carga fiscal han cambiado sustancialmente.
Una regulación que incentive las aportaciones realizadas a fundaciones y entidades no lucrativas estimula la participación de la sociedad civil, en un sector que no es competencia del llamado "estado del bienestar", sino que realiza actividades complementarias. La participación de estas entidades en las actividades sociales es una forma natural de materializar la cooperación entre el sector público y el privado, pues estimula la eficiencia y libera de gasto público los presupuestos. Además, un impulso de una Ley de Mecenazgo es beneficioso para el propio sector público, ya que todas estas entidades realizan una labor social a la que las administraciones públicas en múltiples ocasiones no llegan. El tercer sector emplea al 3,3% de la población y cubre el 49% de la actividad sociosanitaria.
Modernizar el sistema de financiación, de manera que se puedan actualizar los mecanismos a través de los que puedan realizarse los donativos, es una prioridad exigida tanto por beneficiarios como por donantes. Los incentivos fiscales son un vehículo de canalización de parte de los ingresos de quienes en sus estatutos hacen constar que el ánimo de lucro no está entre sus objetivos. Por otro lado, se hace necesario ampliar los plazos para aplicar la deducibilidad de las donaciones realizadas, de manera que se flexibilicen los requisitos para aplicar la deducción de estas aportaciones. Una de las reivindicaciones actuales pasa por mejorar la fiscalidad de las contribuciones efectuadas por las empresas, de manera que se incentive la realización de aportaciones amplias por parte de las compañías con actividades lucrativas.
Está demostrado que una mejora fiscal de las contribuciones realizadas consigue un claro aumento de los recursos obtenidos. De hecho, la reforma de 2014, en la que se permitía la deducción de hasta 150€ de aportación, supuso un incremento del 40% de las donaciones realizadas por personas físicas. Y, por su parte el tercer sector consiguió 375 millones de euros. Esta mejora se cuantificó también en el número de aportantes, que pasó de 1 millón de donantes a casi 4 millones de personas.
Los fondos de los que se nutren las fundaciones proceden en un 40% de donaciones de personas físicas y empresas, por lo que es importante que se favorezcan este tipo de donaciones, ya que son una vía natural de financiación de estas entidades, como la propia Ley de Mecenazgo hace.
El 60% restante, son recursos propios, con los que las fundaciones realizan sus actividades, pero hoy en día están en entredicho. El 35% de estos recursos propios proceden de ingresos de la propia actividad. A nadie se le escapa que, en un entorno inflacionario su valor ha sufrido un enorme deterioro, de manera que con los mismos recursos se llega a un menor número de personas. La segunda vía de financiación de recursos propios procede de los resultados patrimoniales, que hoy en día han pasado de una rentabilidad de un 10-11% a un 5%. Y la tercera fuente son los recursos procedentes de la actividad público-privada, que en este entorno de incertidumbre, debería garantizarse, para lo que la tramitación y aprobación de la Ley es prioritaria.
El marco de financiación debe ser estable, con nuevas herramientas de obtención de recursos, es imprescindible una nueva Ley de Mecenazgo que incluya las inversiones de impacto social, que mejore la transparencia y que impulse la colaboración público-privada. La variedad de fuentes de financiación enriquece la diversidad y ofrece un mejor panorama a potenciales beneficiarios. Por otro lado, fomentar la captación de fondos privados instará a una mejora del protagonismo de la sociedad civil.
La visión mediterránea del mecenazgo se aleja de la realidad, pues en ocasiones se identifica con una vía de elusión de impuestos. Por esto, es imprescindible mejorar la transparencia en los modos por los que los ciudadanos pueden contribuir al mantenimiento de estas entidades. Y, por otro lado, es necesario ampliar los fines de interés general, de forma que estos sean conocidos y transparentes. Nada que opone a que se haga accesible el listado de las entidades acogidas a la Ley de Mecenazgo, en aras a este ejercicio de mejora de la claridad en las actuaciones y donaciones.
En todo este proceso, la gestión del Protectorado, como órgano regulador es inapelable y debe ayudar a entender la gestión, facilitando la desburocratización de un sector, en ocasiones, asfixiado por los trámites que necesariamente se deben realizar para el cumplimiento de sus fines.
